Si de dinero se trata

23 horas ago ·

Si de dinero se trata

Por: Gustavo Santín Nieto

Columna: Cartas a Gracia

El Comunicado No. 052 “Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega Paquete Económico 2022”, relataría los pormenores de la política económica que la administración contempla para el ejercicio fiscal 2022. Cierto, Gracia, que los simples mortales requerimos, si deseamos enterarnos del comportamiento que guardarían algunas de las variables económicas, -incluidas tanto la recaudación (ingresos) como el gasto programable- de la opinión de los expertos que le den seguimiento a lo anunciado; cuestión que se buscaría, por lo menos, en temas concernientes al sector educativo.

El relato de referencia destacaría tres propósitos, incluida la “recuperación económica inclusiva” -al parecer y de acuerdo a lo que estableciera el BID en el 2020- cuya base descansaría “además” en tres pilares: Reforzar los apoyos para el bienestar social de la población; y, aprovecharía algunas líneas para el autoelogio: “la solidez fiscal y estabilidad macroeconómica que el país ha mostrado desde el inicio de esta Administración”, al tiempo en el que señalaría los objetivos de los pilares, vinculando a los subsidios sociales con la reactivación de la economía, en el caso del primero.

Desearía un crecimiento de la economía nacional 2022, equivalente al 4.1% del PIB respecto al año anterior y fijaría, el precio del barril para la mezcla mexicana en 55.1 dólares, menor en 4 dólares respecto al fijado el año anterior; estimando una “producción de petróleo de 1 826 miles de barriles diarios”. Consideraría “una inflación anual de 3.4%”, menor en más de dos puntos respecto a la tendencia que muestra al mes de agosto del año en curso; “una tasa de interés promedio de 5%, y un tipo de cambio promedio de 20.3 pesos por dólar”.

Pero, si de dinero se trata y el Comunicado No. 052, además de los Criterios de Política Fiscal, incluye una propuesta de ingresos y de gastos, como sucedería con cualquier familia o cualquier particular que buscasen un equilibrio en sus finanzas; que responderían a los apelativos de Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y de Propuesta de Egresos de la Federación. En cuanto a la primera, resaltaría la creación de un “nuevo Régimen de Confianza”, la reafirmación del compromiso presidencial para no crear impuestos ni incrementar las tasas de los vigentes, “salvo ajustes por inflación”.

Reiterando su afán recaudatorio anunciaría, que la nueva ley de ingresos contendría una “serie de medidas orientadas a facilitar el cumplimiento del pago de los impuestos a través de la simplificación administrativa, además de cerrar espacios de evasión, defraudación y elusión fiscal”; cuestión que explicitaría que se apliquen controles -verbigracia declaración de situación patrimonial- que antaño se encontraban reservados solo a mandos medios y superiores, incluidos algunos jefes de departamento, a maestras y maestros al servicio del estado. La narrativa se detendría especialmente para generar expectativas Gracia, señalando que gastaría en promedio un 9.6% más de lo que se erogaría en 2021. Los rubros “protección social”, inversión en infraestructura y gasto programable se incrementarían, de acuerdo a la narrativa, en un 12.8%, 17.7% y 4.7%, respectivamente. Sin embargo y a pesar del anuncio, el gasto educativo, de acuerdo a la Tabla IV.4 Gasto Programable del Sector Público 2021-2022, pasaría de 350.2 en 2021 a 364.5, en los dos casos expresados en miles de millones de pesos. Tan solo 14.3 miles de millones más, equivalente como se estipula en el cuadro, a un 4.1%, menor que la inflación que se alcanzará en el ejercicio fiscal 2021.

Como te comentara líneas atrás Gracia, a pesar de la formación práctica o académica que tuviesen tirios y troyanos, un análisis pormenorizado requería de una guía como la que pueden prestar consultores especializados como TREHPAOP, despacho que elabora un Comparativo del Presupuesto del Sector Educativo 2021-2122, “en los Ramos 33 y 11 a nivel nacional” que te proporcionaría un panorama general o, en su defecto, te conminaría a “echarte un bucito” que bien vale la pena, en los documentos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Destacaría Gracia, el cuadro y la gráfica Aportaciones Federales a Entidades y Municipios, etiquetado en la página 5, que muestra el comportamiento de los conceptos: servicios personales, gasto corriente, gasto de operación y fondo de compensación, destinados entre otras cuestiones a sueldos y salarios y recursos para el funcionamiento de los planteles de educación obligatoria.

El concepto Servicios Personales crecería en gasto programado en un 3.98%, al pasar de 371.6 mil millones de pesos en 2021 a 386.4 mil millones de pesos en 2022, 14.7 miles de millones más; en tanto que el Gasto Corriente permanecerá estático en 10.7 mil millones de pesos, reportando un crecimiento programado nulo; mientras que el monto destinado a Gasto de Operación pasaría de 14. 9 mmp a 15.7 mmp que equivale al 5.81%. El Fondo de Compensación destinado a, como su nombre lo dice, “compensar” a los anteriormente denominados Estados Ganadores (en el reparto de la fórmula del FAEB al cambiar la distribución al FONE) crecería también en un 5.81%.

Las y los trabajadores de la educación podrían esperar que en mayo del 2022, el titular del ejecutivo federal anuncie un incremento alrededor del 4 %, puesto que si del dinero público se trata, la ruta se inicia cada 8 de septiembre.

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LA 4T Y  SU POLÍTICA, NI LOS VEO, NI LOS OIGO

3 días ago ·

LA 4T Y SU POLÍTICA, NI LOS VEO, NI LOS OIGO

Créditos:  Dr. Julián Germán Molina Carrillo

 

Una de las frases más celebres de la picaresca política mexicana, fue la pronunciada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, en alusión a los ataques que recibía cuando desempeñaba el cargo, de parte de sus opositores o de los grupos que criticaban sus iniciativas y que reza. “Ni los veo, ni los oigo” con lo cual daba a entender, que le tenían sin cuidado lo que pensarán sus opositores o las voces de inconformidad y ataques que recibió su administración, que no fueron pocas en todo su sexenio, en el esplendor del periodo neoliberal en México (1988-1994).

Era una forma de darle la vuelta a las cosas y de burlarse de sus críticos, con un dejo de altanería y soberbia, que era apoyado por sus funcionarios que lo celebraban y aplicaban de alguna forma en el desarrollo de sus funciones, total, si el Presidente de la República lo decía y aplicaba en los hechos, era porque era lo adecuado, aún y cuando sus funciones y responsabilidades que tenían encomendadas, dijeran lo contrario.

Carlos Salinas de Gortari, goza de la calificación, de ser el culpable de muchas de las desgracias que padecemos los mexicanos, porque varias de sus decisiones, como la privatización de los bancos vendidos a capitales extranjeros y la venta de empresas públicas como Telmex y la Televisión oficial, afectaron y siguen afectando la vida de millones de mexicanos y peor aún las arcas de la Nación, de cuyo saqueo el país no podrá recuperarse.

Sería muy largo hablar de la vida y obra de Carlos Salinas de Gortari, pero no es el tema central de esta colaboración. Sino su célebre frase, que ha sido adoptada en su forma de gobernar, por el Presidente López Obrador, quién aunque a diferencia de Carlos Salinas, trata por medio de su conferencia mañanera de salir al paso de la información y notas periodísticas que critican a su gobierno y sus funcionarios, sólo lo hace por una preocupación mediática, es decir, la respuesta y controversia la lleva a cabo con el mensajero de la información, no le merece mayor atención o preocupación las personas o grupos de la sociedad civil que reclaman atención a sus problemas y que se vieron obligados a pedir a los medios de comunicación, se convirtieran en portavoces de sus demandas, lo cual si bien es cierto ayuda, de fondo no resuelve los problemas.

Ante el cambio en la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero y la llegada del ex gobernador de Tabasco Adán Augusto López, algunos analistas, han señalado que posiblemente en la segunda mitad de su sexenio, el Presidente ha decidido cambiar su estilo de gobernar y ahora sí, habrá mayor apertura al diálogo con los actores políticos y organizaciones de la sociedad civil, con lo que mediante el reuniones y mesas de trabajo, se podrá llegar a acuerdos, donde prevalezca la buena fe del Gobierno federal y de los sectores de la sociedad civil y actores políticos, para dar solución a los graves problemas que aquejan al país en todos los frentes, desde la seguridad pública, la vacunación para combatir la pandemia del Covid 19, el crecimiento de la pobreza en varios estados del país, la crisis migratoria que amenaza con salirse control ante el mayor flujo de personas que intentan llegar a los Estados Unidos y que al no poder lograrlo, se están quedando a vivir en el país, lo que está originando un gran reclamo social en diversas zonas del sur como Chiapas Campeche y Tabasco.

Antes del cambio de la titular de la Secretaría de Gobernación, si bien es cierto se atendían diversos temas en reuniones, esa no era la costumbre de la actual administración, por ello si se modifica la atención a los problemas ello ayudará a la ciudadanía. Que demanda un gobierno que le dé un trato humano y le resuelva sus problemas,

Una de las cuestiones que además de la pandemia del covid 19, incluso antes de ella, se extendió a los Estados de la república gobernados por MORENA, fue la realización diaria de las conferencias mañaneras, en las que los Ejecutivos estatales, como en el caso de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y de otros Estados, aprovechan para tratar asuntos caseros y hablar de los logros de sus administraciones, obviamente, se adueñan del micrófono y nulifican las voces críticas o preguntas incómodas de los reporteros, que tienen prohibido hacerlas, con la amenaza de que ya no se les permitirá asistir a las mismas, es decir, se convirtió en un ejercicio para convencer a los ciudadanos, de que el trabajo va bien y los resultados están a la vista; en otras palabras ahí lo que escuchamos es la versión oficial y no hay manera de contrastar la información, porque ellos siempre tienen “otros datos”

Otra cuestión, que también han adoptado las administraciones estatales de los Gobernadores de Morena, es aplicar el “Ni los veo, ni los oigo” y yo agregaría “Ni me importan”, debido a que como todo aquél que los critique o cuestione es un conservador, fifi o enemigo político del Gobierno, se le cierra la puerta, nunca se le escucha y más bien se le amenaza con abrirle una carpeta de investigación o echarle el aparato de Estado para descalificarlo y evitar que sus demandas sean atendidas o resueltos sus problemas. En otras palabras no les preocupa o afecta el problema que se les pone enfrente, sino el daño que puede hacerles el portavoz o denunciante ante la opinión pública y los potenciales votos que podrían perder en el siguiente proceso electoral, por ello se cierran a cualquier apertura o diálogo con los ciudadanos y esta política se extiende a todos los Secretarios de sus gabinetes y funcionarios, que administran encerados en sus oficinas, únicamente preocupados, por no caer de la gracia del gobernante o ver de qué forma pueden llegar a otro puesto o cargo legislativo, en premio a sus brillantes logros, los ciudadanos, les valemos gorro y sólo se toman en cuenta cuando piden un voto para su partido.

Esta ha sido la mística y forma de trabajar de los gobernantes de la 4T, alejados de los problemas sociales, económicos, políticos, de inseguridad, pobreza, ineficiencia y otros más que padecemos los millones de mexicanos, que esperábamos no sólo un cambio de Partido y nuevos funcionarios, sino una mejor administración y solución a lo que todos los días sufrimos los ciudadanos en este país.

                                                  Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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Modelo Educativo Híbrido: aplicación deficiente

2 semanas ago ·

Modelo Educativo Híbrido: aplicación deficiente

Por: Gustavo Santín Nieto

Cartas a Gracia

El sistema híbrido se convertiría en un recurso al que recurrirían autoridades educativas, tal cual si fuese una panacea que aliviaría las penurias educativas agravadas por los casi dos años que ha durado la pandemia y los 18 meses en los que estuvieran cerradas las escuelas, Gracia. En ese modelo se utilizarían diversas opciones escolares -presencial, a distancia, autónomo-. Por lo menos, eso es lo que se desprende de la lectura del Modelo Educativo Híbrido en el Estado de Puebla Educación, Básica y Media Superior, Ciclo Escolar 2021-2022, que se puede consultar en el sitio de la SEP Puebla http://sep.puebla.gob.mx/; modelo que en la práctica coincidiría con el que se aplica en la Ciudad de México, cuyo fundamento descansa en el Acuerdo número 23/08/21, por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, publicado el pasado 20 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Y, aunque en el acuerdo se estableciera la asistencia opcional para las y los estudiantes, el artículo segundo del Título Uno: Disposiciones Generales, establece Gracia, que “El servicio público educativo se brindará de forma presencial, responsable y ordenada en los términos que dispongan las Autoridades Sanitarias”. Pero, independientemente de la asistencia, obliga a la inscripción de niñas y niños para quienes decidiesen salvaguardar la salud de los menores (artículo décimo segundo), y la realización de una “valoración diagnóstica” al reincorporarse físicamente a su escuela. El tercer parágrafo del artículo en cuestión dejaría a un lado el acompañamiento que maestras y maestros debiesen dar a quienes optaron por quedarse en casa derivando la responsabilidad a “las Autoridades Educativas Locales, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, los Asesores Técnico Pedagógicos y los equipos técnicos, podrán, dentro de sus posibilidades, brindar seguimiento y atención a las y los educandos que optaron por no acudir al servicio educativo presencial, […]” privilegiando al estudiantado que se ubique en “zonas de alta y muy alta marginación”.

El Artículo Décimo Séptimo reitera la advertencia a las y los menores de edad, lo mismo que a “los propios educandos mayores de edad, que de forma voluntaria opten por no acudir al servicio educativo presencial”; serán sujetos de una valoración diagnóstica cuando, tal cual hijos pródigos, retornen al buen camino de la educación presencial, solo “con objeto de conocer su nivel de aprovechamiento escolar” y, de paso, culparles por el atraso académico que presenten. La admonición podría resumirse en una cuantas palabras: ¡ojo chamaca, chamaco!, si tu padre o tu madre optaron por cuidar de tu salud, prefiriendo que te quedaras en casa, también deben asumir responsabilidad de instruirte porque la colaboración de las maestras y maestros se limitaría a la entrega y recepción de cuadernillos didácticos y los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATPs) y otras autoridades educativas te auxiliarían “cuando pudiesen”.

Podría pensarse -aunque no es así- que otras autoridades locales como las del Estado de Puebla, asumirían su responsabilidad pensando en el interés superior de las y los menores, y más, cuando publican textos como el abordado en las primeras líneas de la carta que recibirás el domingo 5 de septiembre ya iniciada la tarde, manual acompañado por la versión que aplicaría en Educación Superior. Y si el retorno a clases -voluntario para las y los menores- siguiera la tendencia que las autoridades educativas y personal docente y directivo reportan, estaría destinado al fracaso.

En el primer caso, la SEP reconocería que al inicio del ciclo escolar asistirían 11.5 por ciento de alumnas y alumnos, un 46 por ciento de las y los que estarían inscritos en educación obligatoria; mientras que personal docente y directivo estimaría al cierre de la primer semana de clases, la asistencia tan solo de un 30 por ciento de su alumnado, de acuerdo a datos publicados (5 de septiembre) por Laura Poy en el periódico La Jornada.

El remedio a la enfermedad -si se aplicara, Gracia- requeriría disposición y aprendizaje por parte de las y los docentes, colaboración de madres y padres de familia, responsabilidad de niñas, niños, jóvenes y adolescentes; pero sobre todo, de una gran inversión pública en infraestructura física y en equipo tecnológico -incluidos gadgets- que permitieran, enfrentar un reto que por el momento se percibe imposible para las autoridades; aún así, por definiciones y marco teórico no se para.

El manual consultado define al Modelo Educativo Híbrido del Estado de Puebla, -representación que la autoridad educativa local imaginaría-, “como el espacio de interacción presencial y a distancia que potencia el tiempo pedagógico a través de la generación de ambientes de aprendizaje que favorezcan la autonomía del aprendiente y la interacción sincrónica y asincrónica para garantizar el Derecho a la Educación”.

No obstante, “del dicho al hecho hay mucho trecho”, y las declaraciones de las y los docentes, que reproducen instrucciones emanadas de las autoridades educativas, incluidas las escolares y plasmadas en el acuerdo nacional que te mencionara, dejan toda la responsabilidad a los aprendizajes autónomos y a las madres y padres de familia. El sustento teórico es sólido; pero hasta ahora, la aplicación es deficiente.

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LA REFORMA ELECTORAL DE LA 4T

2 semanas ago ·

LA REFORMA ELECTORAL DE LA 4T

Dr. Julián Germán Molina Carrillo

Desde hace un mes aproximadamente, la bancada de MORENA en el Congreso de la Unión, viene poniendo en el escenario político, la amenaza de realizar una Reforma Electoral con el objetivo de satisfacer la animadversión que el Presidente de México ha demostrado en contra de los organismos más importantes en la materia, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, a quienes ha acusado de ineficientes y corruptos, producto de los gobiernos neoliberales y que no representan más que los intereses de los partidos de oposición a quienes deben su designación, haciendo a un lado que son instituciones puntales en la democracia mexicana, que han logrado inyectar imparcialidad y certeza en nuestros procesos electorales y que han permitido la expresión, recreación, convivencia y competencia de la diversidad política.

Aunado a esto y aprovechando la mayoría que hoy tienen y con el objetivo de mantenerla a como dé lugar, pretenden impulsar fórmulas de integración del Congreso que quieren sobre representar a la mayoría y sub representar a las minorías.

Para demostrar lo anterior, basta con observar los diversos ejes en la propuesta: uno tiene que ver con el presupuesto, para lo cual se propone eliminar a los 32 senadores de representación proporcional, y a los 100 diputados de representación proporcional.

Dicha medida afectaría de manera directa el pluralismo y terminaría con el objetivo que nuestra democracia buscaba al darle poder de participación a la mayoría de las fuerzas políticas que en ella intervienen y hasta la más débil encontraba forma de representación en el ejercicio del poder, y por otra parte el ahorro es mínimo respecto a lo que se pierde. Se puede aceptar lo del Senado, que llevaría a una composición bipartidista en cada estado de la Federación, pero lo de la Cámara de Diputados es contrario a un mejor sistema de representación; se lastima la pluralidad, por lo que este cambio representa un retroceso.

Otro de los cambios tendientes a obtener el control de los procesos electorales, es desaparecer a los OPLES y que el INE se quede con sus juntas locales y distritales, una idea centralista, con tintes autoritarios totalmente.

Como podemos ver, la misma atenta contra la Soberanía de los Estados, y lo que pretende es tener el control para que ganen Gobernadores identificados con Morena, los cuales defiendan sus intereses y no vuelva a pasar algo como lo ocurrido con Félix Salgado Macedonio en Guerrero.

Por todo lo anterior, podemos observar, que el presidente y sus aliados han encontrado como solución a sus problemas y como fórmula para satisfacer sus deseos de perpetuarse en el poder, reformar la Constitución aprovechando la mayoría calificada que ostentan, toda una práctica priista del siglo pasado, lo que tanto criticaron en campaña es en lo que se han convertido, un gobierno que utiliza a los Poderes y las instituciones para sacar adelante sus proyectos e iniciativas, buscando a toda costa aplastar a una oposición, que cada vez es más endeble, por la presión a sus liderazgos y por el uso faccioso que ha hecho el Presidente de instituciones como la Fiscalía General de la República supuestamente autónoma, qué se ha convertido en el garrote presidencial en contra de los opositores, aunque en el discurso el Presidente afirme que no tiene injerencia en sus determinaciones.

Aquí cabe preguntarnos: ¿es de vital importancia para la vida del país, llevar a cabo en este momento la reforma electoral que propone el Partido del Presidente? Cuando existen problemas más graves que requieren su atención inmediata, como la aplicación de las vacunas contra el covid 19, la atención a los damnificados por los desastres naturales, la reactivación económica del país, la crisis migratoria que se vive al sur del país, el regreso a clases, entre otros graves problemas.

¿O es que en la mente del Presidente sólo está el buscar por todos los medios que su partido no pierda las elecciones de 2024 y desde ahora esa es su meta más importante? Y lo demás puede esperar aunque el país se encuentre colapsado.

 

                          Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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Motivaciones de la SEP

4 semanas ago ·

Motivaciones de la SEP

Por: Gustavo Santín Nieto

Cartas a Gracia

Como me comentas Gracia, el regreso a clases presenciales se ha convertido en un asunto que ha polarizado la opinión de madres, padres de familia, maestras y maestros, organizaciones sindicales (aunque la CNTE pondere su membresía como una corriente de expresión del SNTE), autoridades federales y locales, medios de comunicación y redes sociales, al margen de la opinión que pudiesen verter los doctos en la materia; aunque a través del Boletín SEP no. 181 manifestara: “Publica SEP acuerdo con las disposiciones para reanudar actividades de manera presencial en el Ciclo Escolar 2021-2022”, y difundiera las directrices establecidas en el “ACUERDO número 23/08/21 por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 […]”. Este título que se alarga ocho renglones más y de cuyo texto se resaltarían algunas disposiciones en torno al próximo ciclo escolar.

Publicado el pasado 18 de agosto estaría acompañado con un golpe de mano expuesto en las Motivaciones del acuerdo y mediante el que recordaría que la ‘rectoría de la educación’ le corresponde al Estado, entidad que priorizaría “el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos (Motivación IV, ACUERDO número 23/08/21), apunte dirigido a las y los docentes y sus organizaciones, sin dejar de lado a madres, padres de familia y/o tutores.

Las Motivaciones tal vez reconocerían -si el orgullo o si las críticas a Esteban Moctezuma lo permitieran-, la falta de acceso equitativo a los recursos digitales- que “el Estado debe ofrecer a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje”, lo mismo que la diversidad sanitaria que mostraría el semáforo epidemiológico y que les permitirían ya reconocer que tras casi 18 meses de escuelas cerradas “es imperante brindar las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación de manera focalizada y regionalizada”

El Acuerdo alabaría a las y los docentes, sin diferenciar entre iguales y homologando a los desiguales señalando: “Que el mayor esfuerzo realizado contra el virus SARS-COV2 en el Sistema Educativo Nacional lo llevaron a cabo las y los docentes, al generar y buscar mecanismos de comunicación entre ellos y los educandos y, de esta forma, garantizar los aprendizajes y conocimientos necesarios […]”, menospreciando a quienes en casa se comportarían como unas verdaderas heroínas, supliendo a maestras y maestros. Reitera en la Motivación XIII, descargando de culpa a quienes alaba: “Que debe brindarse certeza jurídica y claridad para aquellos educandos que, a pesar de todos los esfuerzos invertidos y coordinados de las y los docentes […]” no adquirieron los aprendizajes esperados, quizás, por culpa del destino y de la falta de computadoras, señal de internet, teléfonos inteligentes suficientes, dinero para recargas; aunque señala en el numeral XV, que la SEP realizó su chamba “por lo que se generaron condiciones para que las y los trabajadores al servicio de la educación estén en condiciones de realizar su labor en el esquema presencial en su lugar de trabajo, considerando las indicaciones de las Autoridades Sanitarias”; decisión avalada los días 12 y 13 de agosto, según estipula el Consejo Nacional de Autoridades Educativas quienes acordarían “diversas acciones y estrategias para un regreso a clases presencial de forma responsable y ordenada en los tres tipos educativos”.

Las Motivaciones del Acuerdo apuntarían a una expresión pública que se atribuyera a la Secretaría de Salud; opinión mediante la que esta dependencia -en funciones de educador sustituto- manifestase que (Motivación XVII) la educación se catalogaría como una actividad prioritaria y esencial, lo que permitiría que se pudiese regresar a las aulas aunque el semáforo se tiñese de rojo, “en términos del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2021”, que le posibilitaría que la administración pública cumpliese con “un derecho humano fundamental que trasciende en la vida de cada persona […] salvaguardando la integridad de las y los miembros del Sistema Educativo Nacional”.

En abundancia, el jueves 19 de agosto, Luis Fernando Carrera Castro representante de la UNICEF en México, señalaría que “acompañarían” a la administración “en este gran desafío”, en el que “casi 37 millones de esos 150 millones de niños que no ha vuelto a clases desde hace 18 meses”, regresen y prometería, probablemente a cambio de pingües contratos, que el organismo “cooperaría en cuatro frentes”: desarrollo de los protocolos, monitoreo de la situación de los centros educativos, comunicación (asertiva), recuperación de aprendizajes y de la salud emocional de niñas y niños, actividades propias de la SEP, ¡que lamentable!

En el mismo tenor caminarían las intervenciones del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y de la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y de las que abundaré en la carta que te enviaré el próximo lunes; sin embargo, los temas sobre la violencia intrafamiliar agravada por el encierro cuasi forzoso y el deterioro de la salud emocional de las y los educandos, fundamentarían –seguramente- las Motivaciones que originaron el manotazo dado por la autoridad educativa. Motivaciones para curarse en salud, Gracia.

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Crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

1 mes ago ·

Crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Por:  Dr. Germán Molina

Desde el surgimiento de nuestra forma de gobierno como democracia y durante la vigencia de ésta en nuestro país, no habíamos observado una crisis tan sui generis como la que hoy vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la destitución del Presidente en funciones José Luis Vargas, mejor conocido como el “magistrado billetes”.

Tras ser evidenciado a nivel nacional debido a la denuncia e investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su contra, por el delito de enriquecimiento ilícito por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019, motivó que cinco magistrados de los que que integran la Sala Superior, Reyes Rodríguez, Janine Otálora, Indalfer Infante, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, lo destituyeran de la Presidencia por pérdida de confianza y nombrando al primero de los mencionados como nuevo Presidente.

Esta situación ha desatado toda una polémica de incertidumbre, legalidad y vacío jurídico ante la falta de disposiciones para regular la destitución de un magistrado presidente, que ya no goza de la confianza de quienes lo invistieron para ejercer el encargo más importante dentro del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país.

Desde mi punto de vista, la destitución de Vargas, aunque no es legal sí es legítima, porque al ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la máxima autoridad en la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 99 constitucional, y al ser un ente autónomo, donde son los siete magistrados que la integran, quienes internamente eligen a quien fungirá como Magistrado Presidente por un periodo de cuatro años, sus decisiones en teoría, no están sujetas a otro poder.

Al ser electo de esa forma, si bien es cierto, no se contempla la forma de su destitución, también lo es un acto que faculta al pleno de la Sala Superior según lo establecido en el artículo 10 fracción IV, de su Reglamento interno, para la elección por mayoría de votos, lo que nos evidencia que es un acto plenario y potestativo de los siete magistrados, que a contrario sensu, cuando no exista convergencia y convencimiento de la designación, se entiende la facultad para destituir a quien hayan investido.

Sin embargo, el presidente destituido no acepta dicha decisión, al grado que, en un acto desesperado, anunció la interposición de una controversia constitucional para oponerse jurídicamente a su destitución, acción que solo vendría a agravar la crisis referida, puesto que al solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia, en actos de naturaleza administrativa de un órgano que jerárquicamente no tiene a un ente superior (para ese tipo de decisiones) y que goza de autonomía, lo único que ocasionará es una colisión deontológica interminable.

Lo que el magistrado debió hacer, desde que se supo que existía una investigación en su contra, es haberse separado del cargo pidiendo una licencia, como ya lo hemos manifestado en artículos anteriores, a fin de evitar se pusiera en tela de juicio su probidad y fama pública para desempeñar tan relevante cargo, de vital importancia para la vida democrática del país y con ello impedir se llegara a esta situación, en momentos donde se encuentran en trámite cientos de recursos e impugnaciones de los partidos políticos de la pasada elección del seis de junio y que deben resolverse antes del 20 de agosto del año en curso, conforme al calendario electoral.

De una u otra forma, tal parece que este diferendo de los magistrados del Tribunal Electoral, no tiene una solución inmediata, porque las posiciones se han radicalizado y si prevalece su destitución, quedará claro que existen dos bloques en las decisiones, del grupo que lo destituyó y puso al nuevo Presidente y de Vargas y la magistrada Soto que lo apoya. En el supuesto caso de que se le permitiera concluir su período, de todas formas los bloques permanecerían igual y las resoluciones se seguirían radicalizando.

Aquí, quién sale ganando al final con esta crisis, es el presidente López Obrador, quien se ha pronunciado por acusar, que tanto el Tribunal como el INE son órganos que no funcionan y que deben desaparecer o renovarse, porque responden a los intereses de grupos políticos o partidos y no representan los intereses del pueblo de México e incluso acusó en una declaración hecha este viernes 6 de agosto: “Que todo el poder judicial está podrido, salvo honrosas excepciones” urgiendo a una nueva reforma electoral, que seguramente responda a sus intereses y su proyecto político para 2024.

Lo único positivo de todo este conflicto, es que, al final el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar ya anunció que no prorrogará su mandato hasta 2024, sino lo culminará en 2022 como estaba previsto desde su designación.

 

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LA 4T Y EL MAGISTRADO BILLETES

2 meses ago ·

LA 4T Y EL MAGISTRADO BILLETES

Por: Dr.Germán Molina

La penosa metamorfosis que nos ha tocado presenciar de la 4T, es sin duda, uno de los capítulos en la historia política de México, que más incertidumbre y descontento social, ha traído consigo, puesto que se creía que no podíamos caer más bajo en el tema del cinismo, engaño y simulación de los encargados del ejercicio del poder.

Los temas de complicidad y consentimiento de actos corruptos, que tanto criticaron y juraron no replicar, bajo la frase del presidente: “nosotros, no somos iguales” cada vez son más los que salen a la luz y han sido tratados con una total falta de responsabilidad y sensibilidad social que pareciera estamos inmersos en una película de terror de bajo presupuesto.

Tal es el caso del actual Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o como algunos medios, como el Diario Reforma le han llamado “El Magistrado Billetes”.

Resulta decepcionante para los ciudadanos que confiaron en el proyecto de MORENA y del Presidente López Obrador, que existan situaciones en las que se ven involucrados personajes del más alto nivel en la función pública , que a pesar de las denuncias que existen en su contra, continúan ejerciendo los cargos, como si los delitos de los que se les acusa, fueran algo mínimo o tolerable.

En febrero del año pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó denuncia en contra del actual Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, por el delito de enriquecimiento ilícito por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019.

La denuncia recibida en la Fiscalía General de la República, documenta en las cuentas de Vargas, depósitos en efectivo de empresas privadas y de personas no identificadas y las coteja con otros ingresos derivados de su actividad pública, y concluye que el funcionario ha gastado entre 2013 y 2018, 217.9 por ciento más de sus ingresos declarados.

Según la denuncia de la UIF, en sus declaraciones ante el SAT de 2013 a 2018, Vargas comprobó ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos; sin embargo, sus gastos fueron por 36 millones 487 mil 433. 59 pesos.

A pesar de lo anterior, el pasado 15 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al funcionario, al haber considerado, que no había evidencias de delito.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la indagatoria, la Fiscalía dio por acreditada la licitud de los bienes y operaciones investigadas, tan solo con el argumento del magistrado Vargas, que alegó ante las autoridades ministeriales, que los bienes denunciados como suyos en realidad, son de su esposa Mónica Bauer Mengelberg, directiva de PepsiCo.

Una versión a todas luces que siembra dudas y que suponiendo sin conceder sea cierta, entonces habría que investigar la procedencia de los ingresos de la esposa, para cuadrar la información, porque si bien es cierto, un alto ejecutivo de la mencionada empresa gana bien, cierto es también, que no en la magnitud para comprobar los gastos desproporcionados del magistrado, quién por el cargo que ostenta, debe tener al menos un expediente limpio y confiable por el peso de la función que ejerce, en un órgano donde debe imperar la legalidad e imparcialidad en sus decisiones.

El expediente aún no se concluye, pero desde mi punto de vista, en aras de la congruencia y responsabilidad del funcionario, sería sano se separe del cargo, hasta que se concluyan las investigaciones y se aclaren las denuncias que pesan en su contra, debido a que cualquier ciudadano como usted o yo, amable lector, de encontrarse en la situación del magistrado, ya estaríamos detenidos o con prisión preventiva por orden de un juez, sin ninguna consideración o privilegio.

Lo cierto es que, la impunidad y la corrupción siguen presentes en los gobiernos de la 4T, donde se señala con dedo de fuego a los enemigos políticos y se les condena, aún antes de ser juzgados y en otros casos, como el de los hermanos del Presidente y de otros funcionarios, se postergan las investigaciones y basta la palabra del Presidente de que él “confía en ellos”, para que instituciones como la Fiscalía general de la república o el Congreso de la unión, se hagan a un lado, para evitar actuar en contra de los protegidos del sistema, mediante una justicia selectiva y por consigna, que también es una forma de corrupción que en el discurso se afirma combatir, pero que en los hechos se sigue solapando ante los ojos de los gobernados.

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Pésele a quien le pese

2 meses ago ·

Pésele a quien le pese

Por: Gustavo Santín Nieto

Cartas a Gracia

 

“Dejen que los niños vayan a clase normal, los llevan a piscina y a centros comerciales, también llévenlos a la escuela”
 
(Mensaje que circula en Twitter)
 
Me cuentas que quisieras descansar de tantas ocurrencias de última hora y, entre ellas, consideras a los programas que carecen de un sentido pedagógico en beneficio de niñas, niños y adolescentes; pero que les obligan a la entrega de reportes y cuadros de estadísticas que deben llenar y corregir, en la medida en la que los mandos medios de la SEP deben satisfacer las ocurrencias de sus jefes. Entregas que solo incrementan el trabajo de escritorio que tú, lo mismo que tus compañeras y compañeros maestras y maestros, realizan fuera del horario pactado en el contrato de trabajo y que le roban tiempo a la atención que deben prestar a sus hijas e hijos, a las horas dedicadas a las labores domésticas o incluso al merecido descanso.
 
A esos espacios de trabajo no pagado que realizan las y los docentes, sumas declaraciones ambiguas que, sobre el posible retorno a clases presenciales, realizan autoridades de salud y de educación; entuertos que solo generan irritación y malos entendidos entre madres y padres de familia, a quienes ustedes -que se desempeñan frente a un grupo- deben atender aunque sea por teléfono o por video llamada, y sin tener una respuesta certera que ofrecerles, puesto que el personal docente se encuentra al margen de las decisiones de política pública, como tu bien acotas.
 
Innegable pero no falta quien pregunte, aún en días de receso escolar: ¿En serio miss, en serio profe, ahora sí vamos a regresar a clases presenciales?
 
Cuestionan, sin importar que estén a favor o en contra de las clases presenciales y no son pocas las personas que consideran que les están dando atole con el dedo; a pesar del anuncio del ejecutivo federal que excluye de la disposición a quienes ejercen la patria potestad y no quisieren exponer a sus menores vástagos. La falta de certeza a la que aludes, tras casi 17 meses de encierro forzoso, generaría que muchas madres y no pocos padres de quienes tienen a sus hijas e hijos en algunos colegios particulares, se nieguen a comprar uniformes y útiles escolares complementarios, ya que los que adquirieron al inicio del ciclo escolar 2020-2021, no se usaron, mientras que un buen número de los que los tienen en escuelas públicas, se opondrían rotundamente a la entrega de las cuotas voluntarias que deben aportar de manera obligatoria, por la misma razón.
 
La definición de política educativa que abriría las escuelas a partir del 30 de agosto provendría del titular del ejecutivo federal, quien de paso corregiría el “se mantienen a la expectativa” que días antes pronunciara la jefa del despacho educativo.
 
El esclarecimiento Gracia, se acompañaría de instrucciones precisas para regresar a clases presenciales “a finales de agosto” (shorturl.at/hioA0), reglas que obligarían de manera diferenciada a diversos actores del quehacer educativo, pues mientras que quienes ejercen la tutela de niñas, niños, adolescentes y jóvenes gozarían de discrecionalidad; el personal directivo, docente, de supervisión y los miembros de la casta dorada, asistirían de manera obligatoria a los recintos escolares y a sus oficinas administrativas, presencia que debería reflejarse tanto en regularizar las actividades docentes como en desatorar los asuntos pendientes y prestar una mejor atención a las y los menores y a las y los usuarios de servicios que les llevaría a regularizar los productos que dependen de ellos. Conllevaría, además, una crítica para aquellos que buscan excusas para el retorno a sus centros de trabajo :“no debe ser ese el pretexto” y anunciaría “que ya hay un plan para mejorar la situación de los planteles educativos del país con recursos provenientes del programa La Escuela es Nuestra” (shorturl.at/goJLZ), mismo que “seguirá ayudando a darle mantenimiento a los planteles educativos” y en el que están inscritas uno de cada cuatro escuelas públicas ubicadas en zonas vulnerables, las que tendrían acceso -por ciclo fiscal- a 6 de 12 mil millones de pesos pues su presupuesto se comparte con el desaparecido programa Escuelas de Tiempo Completo; cuestión que explicaría el llamado a madres, padres de familia y tutores para que auxilian en la apertura de las escuelas.

De paso, en Veracruz de la Llave, el titular del ejecutivo federal mostraría atención a sugerencias de organismos internacionales, aportaría datos que equiparan a México con Bangladesh; con quien de acuerdo al de la voz, se compartiría el récord de “país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas y esto no es bueno”, al tiempo que solicitaría que no se confíen ante el rebrote del Covid-19.

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IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN PUEBLA Y LA PANDEMIA

2 meses ago ·

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN PUEBLA Y LA PANDEMIA

Dr. Julián Germán Molina Carrillo

Ante la pandemia del Covid-19, los poderes judiciales en México y en el mundo se han tenido que adaptar a la nueva normalidad. En México, para atender la emergencia sanitaria, se estableció que la procuración e impartición de justicia son actividades esenciales. La idea es que los poderes judiciales (federal y locales) se hayan adaptado a esta exigencia, utilizando a la tecnología como aliada.

En este rubro, los gobiernos debieron decidir, entre salvaguardar la salud de los funcionarios judiciales, cerrando los tribunales y enviando al personal a trabajar desde sus casas, o atender el rezago judicial que se ha ido acumulando, desde marzo de 2020 a la fecha y que seguramente continuará todo 2021, retraso qué desde el punto de vista de varios expertos, no se resolverá al menos en los próximos tres años.

Los daños que ha originado la pandemia son incuantificables, debido a que la falta de atención oportuna en los rubros tanto de la procuración, como de la impartición de justicia, representan pérdidas económicas y afectaciones a los derechos de las personas (actores o demandados en los juicios) consagrados en la Constitución General de la República y leyes secundarias, así como también a sus derechos humanos.

La informática es un instrumento al servicio del Derecho. Contribuye a acelerar y a hacer más eficiente algunas labores tradicionales del jurista. Pero es más que un instrumento en la medida que ofrece resultados que no sería posible de otro modo.

Ahora bien, conscientes de las nuevas aplicaciones jurídicas en la sociedad de la información, es indudable la importancia del tema de la modernización judicial al utilizar medios electrónicos o telemáticos.

En la actualidad, las TIC son un instrumento de apoyo de la rama judicial, gracias a la utilización del sistema de gestión de la rama. Este último se encuentra implementado en las principales ciudades del país y permite que las partes hagan el seguimiento de las diferentes etapas procesales. Con ello se facilita la vigilancia de los procesos y el cumplimiento de los términos judiciales.

Actualmente en Puebla se cuenta con un sistema de información, el cual funciona mediante una infraestructura de red privada. Los objetivos específicos de la justicia electrónica son: economía y concentración procesal; evitar el rezago de expedientes (para hacer más eficiente la impartición de la justicia) y reducir los costos de los procesos judiciales.

La principal característica operativa del juzgado virtual incide en que los negocios de su competencia se sustanciarán, desde su inicio hasta su conclusión, de manera digital, esto es, por medio del tribual virtual y de algunos otros programas informáticos de naturaleza análoga.

La verdadera democracia electrónica consiste en fortalecer al máximo, gracias a las formas de comunicación interactiva ofrecidas por el ciberespacio, la expresión y elaboración de los problemas de las ciudades por los propios ciudadanos, la auto organización de las

comunidades locales y la participación en las deliberaciones por parte de los grupos verdaderamente afectados.

El aprovechamiento de las herramientas tecnológicas en la substanciación de procesos judiciales es con el fin de dar comienzo a la migración vivencial de manera ordenada y dictaminada del expediente físico al expediente electrónico o digital.

Las tecnologías de la información y la comunicación también permiten el trabajo colaborativo que persigue favorecer el intercambio de información entre operadores, así como el trabajo en común en el seno de una comunidad de usuarios e usuarias.

Los juicios por Zoom o por videoconferencia pueden ayudar no solo a contener la propagación del virus, sino a facilitar la impartición de justicia. Muchas de las audiencias se pueden llevar a cabo de manera remota. Ante la pandemia, el uso de las videoconferencias, con las garantías debidas, es una buena alternativa para reactivar la impartición de justicia, que incluso podría permanecer en un escenario post pandemia.

La principal demanda de los abogados poblanos en estos momentos, al poder Judicial, es la falta de atención en los tribunales, de personal suficiente y de que la tecnología, no ha dado los resultados qué si se han visto en el Poder Judicial federal, por lo que es previsible la crisis se agudice más, con la apertura de los Juzgados de lo laboral, donde la carga será muy alta, en una rama en la que no se cuenta con la experiencia suficiente para atender los asuntos que llegarán por miles seguramente en los próximos meses, más los que se acumulen en 2021.

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¿De quién sería la responsabilidad y de quién la trampa?

2 meses ago ·

¿De quién sería la responsabilidad y de quién la trampa?

Cartas a Gracia

Por: Maestro Gustavo Santín

El jueves 15 de los corrientes, en la mañanera, Gracia, se anunciaría que: «El regreso a clases presenciales para el próximo ciclo escolar es necesario y se “concretará en definitiva, no hay nada que lo impida”» (shorturl.at/fgB14); disposición de política educativa que, de inmediato, generaría resabios por parte de quienes exigen un regreso a clases seguro -determinado por el semáforo epidemiológico y por la vacunación universal-, actores del que hacer educativo, y que de acuerdo a reportes de algunos medios de comunicación, tildarían la medida como “más política que educativa” (shorturl.at/itvF9). Más tarde, la medida sería matizada mediante el señalamiento de quien dicta las conferencias matutinas “puede quedar como una opción, sí, puede quedar como opción, como alternativa, sí, para no negar la posibilidad a los que no quieran regresar, porque también una cosa, es decir: vamos a abrir las escuelas, y otra cosa es: vamos por la fuerza a abrir las escuelas” (shorturl.at/xAFK1).

No obstante, a la oposición, otros sectores como el Movimiento Unido por la Educación Particular se pronunciarían por un regreso a clases de manera híbrida ajustada a las condiciones que marca el desarrollo de la pandemia; al tiempo que, otras organizaciones, como la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), instarían a la apertura de las escuelas y alertarían sobre los daños generados a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (https://bit.ly/3kt13JG). Daños como el rezago en el aprendizaje de los saberes esperados, la inequidad en el acceso a las herramientas digitales, las afectaciones económicas que provocan a la economía familiar, las repercusiones socioemocionales generadas por el aislamiento y el incremento de la violencia intrafamiliar, entre otras.

Sin embargo, la discusión en torno al regreso a clase se ha politizado de tal suerte que, la opinión de las comisiones de salud, educación, de las autoridades de las organizaciones internacionales, habrían quedado relegadas y subordinadas a los intereses de madres, padres de familia, maestras y maestros que exigen retornar a las escuelas, cuando se cuente con “las condiciones epidemiológicas adecuadas, y cuando se garanticen que las escuelas cuenten con la infraestructura e insumos básicos para establecer las medidas de higiene”. Personal docente y directivo extenderían su exigencia, al arreglo de todas las deficiencias que presenta la vieja infraestructura escolar y pretenderían ir más allá de la rehabilitación de los espacios escolares que están abandonados y saqueados tras diecisiete meses de suspensión de labores, decretada el 23 de marzo del 2020, a la solución de problemas estructurales que requieren una fuerte inversión gubernamental; cuestión que el ejecutivo federal plantearía resolver recurriendo al auxilio moral y material que, como siempre, quisiesen prestar -léase obligatoriamente- madres y padres de familia.

Una ruta similar pretendería adoptarse para resolver el conflicto que tiene enfrentados a la USICAMM por un lado y, por otro, al SNTE y a maestras y maestros que habrían solicitado; o bien, ingreso al servicio de carrera para maestras y maestros y/o algún tipo de promoción, agudizado por la denuncia de “ataques informáticos al SISAP en el proceso de selección para la admisión en Educación Básica” (Boletín SEP no. 152. Julio 14 de 2021) y el espantajo de cancelación que afectaría a “68 mil 596 registros comprometidos en el instrumento de valoración lo cual afecta la validez de los resultados [… y] analiza la posible aplicación de un nuevo del instrumento de valoración”. En tanto que quienes representan al gremio y al personal docente inconforme, no cejan en la exigencia para que la Unidad asuma su responsabilidad e investigue los desaguisados que les tiene enfrentados y entre los que se contarían: la venta del examen de promoción vertical por alguien -presuntamente- vinculado a USICAMM, las conductas atípicas y los 5 787 resultados coincidentes, tema que abordamos en la carta que te envié la semana pasada.

La solución al diferendo parecería centrarse, según USICAMM, Gracia, en la colaboración de buena fe y en recomendaciones “morales” que buscarían el buen comportamiento del personal docente sujeto a evaluaciones, evadiendo cualquier asomo de responsabilidad derivada de los señalamientos formulados por el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque reconocería en voz de Piña Bernal “que los docentes están en su derecho de presentar una queja” (https://bit.ly/3z8zt8G), derivando la culpa hacia su proveedor de servicios de informática; la UNAM, institución que al parecer se encuentra al margen, ya que solo la facultad de Psicología prestó el servicio aludido.

¿De quién sería la responsabilidad y de quién la trampa? Merecería saberse, Gracia. Por encima de los llamados a comportarse con ética y no hacer trampa se encontraría, no sé si coincidas con lo escrito, una institución que excluye a la organización de los eventos de promoción e ingreso a su contraparte, pero fundamentalmente a las maestras y los maestros.

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