Por Covid, abandonan estudios 3 de 10 alumnos de nivel superior en Tehuacán

2 semanas ago ·

Por Covid, abandonan estudios 3 de 10 alumnos de nivel superior en Tehuacán

El secretario de la AUIEMSS, Sergio Vidal, detalla que el 20 por ciento de los universitarios truncaron su carrera profesional

 

Juan Ambrocio Jiménez | El Sol de Puebla

Tehuacán, Pue.- Por lo menos 3 de cada 10 alumnos de nivel superior abandonaron sus estudios por pandemia de Covid-19 en el municipio de Tehuacán aseguró el secretario de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior A.C. (AUIEMSS), Sergio Vidal.

Estimó que el 20 por ciento de los universitarios decidieron abandonar sus estudios profesionales, siendo en su mayoría aquellos que cursaron el quinto y sexto semestre.

Argumentó que por la pandemia los métodos de aprendizaje y enseñanza tuvieron que cambiar, lo que dificultó para muchos sus formas cotidianas.

Aunque otro de los problemas fue también la falta de conectividad, la escases de empleo y la carencia de herramientas digitales que le permiten al estudiante acceder a la educación online, siendo los principales factores los que determinaron que los alumnos pausaran sus estudios.

Y es que para entrar a clases virtuales mínimo requerían de un teléfono o una computadora, mismos que son elementos indispensables para sus métodos de aprendizaje.

Agregó que este problema se presentó en todos los niveles educativos, ya que se tuvo que decidir a quién darle la prioridad para seguir estudiando.

Mencionó que esta situación es grave ya que no se sabe con exactitud el regreso total o parcial a las aulas y aunque algunas universidades ya cuentan con la infraestructura para recibir a los alumnos como la utilización del código QR y las medidas sanitarias, la deserción escolar es un tema que las instituciones ya prevén.

Debido a ello, buscarán gestionar programas de rescate en beneficio de los alumnos que dejaron sus estudios por la pandemia de Covid-19.

Respecto al regreso a clases, el secretario de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior A. C. (AUIEMSS) dijo que esperan que en los meses de enero a febrero de este 2022 puedan regresar los alumnos a las instituciones, por lo que invitó a la ciudadanía a seguir llevando los protocolos sanitarios correspondientes contra la Covid-19 para no postergar más la reactivación escolar, aunque todo depende de las indicaciones que dé el gobierno federal.

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Vacunarse y atender los protocolos

2 semanas ago ·

Vacunarse y atender los protocolos

Por: Gustavo Santin Nieto
Enero 3, 2022

Cartas a Gracia

Deseando tengas un agradable regreso a clases presenciales tras finalizar el primer receso escolar, proseguiría si me lo permites, enviando cartas en las que te saludo y te comparto información que emiten las y los actores responsables de la generación y la instrumentación de las políticas públicas en materia educativa; políticas que mucho les oprimen con obligaciones burocráticas y que resultan ajenas a la actividad docente para la que ustedes fueran contratadas y contratados.

El retorno, Gracia, que reanudaría las actividades que tus compañeras y compañeros docentes desempeñan en tu centro de trabajo y que añorabas por extrañar el contacto directo con tus niñas y niños, se realizaría a partir del 28 de agosto pasado, como parte de las actividades que iniciaras previamente acudiendo a la convocatoria para participar en las jornadas sanitarias -incluida la limpieza y puesta a punto- del edificio escolar en el que colaborarían algunos trabajadores de la educación, auxiliados por madres y padres de familia en quienes recaerían no solo las labores de desinfección si no también las aportaciones voluntarias que “obligatoriamente” costean la compra de los insumos requeridos para la sanitización, lo mismo que la reparación de la infraestructura escolar obligaciones de las autoridades educativas. Mandos que, a la voz de sin susto, les ordenaran el 23 de marzo del 2020 abandonar las instalaciones escolares durante 18 meses; lapso en el que sufrieran un deterioro natural, más el causado por los robos y los saqueos perpetrados de acuerdo con un comunicado del SNTE, en casi 90 mil escuelas; una de cada 2 de las 205 mil que integran el universo de las instituciones públicas de educación obligatoria, simplemente por olvidarse de ellas.

Por eso te parecía extraño -me comentas- que a tiro por viaje, Delfina Gómez Álvarez, titular de la oficina educativa de la administración federal, insistiría en recordarles el compromiso que ustedes tienen con la niñez, a la que por los menos dos de cada tres docentes atienden de manera profesional y, a no ser que ella tenga otros datos y la inasistencia del personal docente fuese mayor a la reconocida por las autoridades educativas, a pesar de la vigilancia a la que les someten de quienes desempeñan los trabajos de dirección y supervisión escolar y que tan “a toda furia” desarrollan quienes ocupan esos y otros puestos de confianza que hacen su tarea y les agobian con una infinidad de reportes, entre ellos los relativos al Covid-19 que se deben llenar para que los de “arriba” complazcan a sus jefes inmediatos superiores y así sucesivamente; los relativos a la planeación argumentada; los concernientes a la violencia de género y otros más, a los que deberás incorporar la declaración patrimonial que maestras y maestros deben llenar, propios de quienes ocuparan alguna responsabilidad de estructura que incluiría antaño, solo a mandos medios y superiores.

Empero, Gracia, dos eventos afectarían el llamado de Delfina. Primeramente, ignorado por autoridades educativas y de salud de 6 entidades, quienes por diversos motivos que en un parágrafo subsecuente abordaré; y, en segundo lugar, el comunicado presidencial mañanero (22-12-21) de la aplicación de una segunda dosis que incluiría -en diciembre y enero- a trabajadores del sector salud, lo mismo que a las y los trabajadores de la educación, que en ambos casos, involucrarían a quienes desempeñan sus funciones en los subsectores público y privado; asunto que ratificaría Hugo López Gatell en el mismo espacio.

Las entidades que desecharían la medida oficial que dictaran las autoridades federales en uso de sus atribuciones como se establece en la Ley General de Educación, corregirían el lapso destinado al receso escolar en el calendario lectivo oficial y alargarían “las vacaciones decembrinas”; por cierto, una de las más cortas que recuerdo. No obstante, y con independencia a las fechas de retorno a clases, variable de acuerdo con las condiciones de cada Estado Libre y Soberano, todos los implicados en la decisión comentada (Baja California, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Quintana Roo), aludirían al “posible repunte” del Covid-19 derivado de la presencia de una nueva mutación más contagiosa (omicron) y a las bajas temperaturas ocasionadas por el frente frío.

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DESHONESTIDAD Y ABUSOS EN EL CONACYT

4 meses ago ·

DESHONESTIDAD Y ABUSOS EN EL CONACYT

Por: Molina Carrillo

En el mundo actual, el verdadero ejercicio de la libertad y la soberanía está en el conocimiento, se necesita la ciencia para disminuir los límites de la ignorancia y aumentar la capacidad para resolver los problemas. Un mejor estándar de vida puede lograrse en un país que disponga de recursos humanos altamente adiestrados formados en centros capaces de crear conocimientos y de formar profesionales imaginativos que puedan innovar y crear.

La investigación estimula el pensamiento crítico, la creatividad y es a través de ella, que el proceso de aprendizaje se vitaliza y se combate la memorización, que tanto ha contribuido a formar profesionales pasivos, pocos amantes de la innovación, con escasa curiosidad e iniciativa personal. La investigación es de importancia vital en los estudios de postgrado, no es posible tener egresados de alto nivel si no se investiga.

La generación de nuevos conocimientos mediante la investigación científica, tecnológica, humanística y social, es la consecuencia final de dicho proceso científico. Evidentemente, los resultados científicos para ser útiles, deben contar con una aplicación real y así reportar beneficios a la sociedad.

Bajo dicho esquema descrito, en el que se espera de la comunidad científica una serie de entregables derivados de los trabajos de investigación que sobre todo cuando tienen como base de financiamiento recursos derivados del presupuesto público destinado a la investigación científica, de ahí que, independientemente de las posturas de carácter político, de persecución o de venganzas de parte del titular de la Fiscalía General de la República, por haber sido rechazado en más de tres ocasiones para ser reconocido como investigador nacional, ahora está en tela de juicio la actuación de los científicos integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (Foro A.C.)

Según se desprende de una investigación de la periodista Nancy Flores para el portal CONTRALÍNEA, el Foro Consultivo transfirió a una tarjeta de crédito American Express más de 1 millón 300 mil pesos del recurso público, de un total de 50 millones de pesos que le otorgó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 2018 para desarrollar investigaciones científicas y que también así lo señala una auditoría de la Secretaría de la Función Pública. El plástico está a nombre de su secretaria ejecutiva, Adriana Ramona Guerra Gómez, quien forma parte de los 31 científicos contra los que la FGR solicitó órdenes de aprehensión.

Para la Función Pública, esta transferencia violó la cláusula octava denominada: “Cuenta Bancaria” del convenio de asignación de recursos 10000/03/2018 FON.INST/01/2018, firmado entre el Foro Consultivo y el CONACYT, y que en su primer párrafo establece que “los recursos deberán permanecer en la cuenta específica, por lo que no podrán transferirse a otras cuentas”.

Asimismo, el uso de dicho numerario fue destinado para el pago del sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores, así como para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos, la compra de un inmueble en Coyoacán. Asimismo, se detectó la falta de entregables, facturas y contratos anómalos y carencia de economía y austeridad.

La premisa a demostrar es si dichos actos constituyen hechos delictivos de carácter patrimonial imputables a dichas personas o bien si la normatividad les permitía hacer dichos movimientos sin responsabilidad alguna, porque ya sea de una forma o la otra, nos encontramos ante una serie de conductas que se tradujeron en un abuso y mal uso de los recursos públicos.

Por otro lado, cabe la pregunta: ¿hasta donde es legítimo crear una asociación civil para recibir financiamiento público?, es decir, pasar la administración de lo público al sector privado. Dicha práctica fue muy recurrente en los gobiernos del período neoliberal en otras actividades y ámbitos de la administración gubernamental, tanto a nivel federal como estatal. De igual forma, establecer claramente como la política pública influye en la ciencia; sobre todo porque este Foro, dentro del trabajo que desarrolló, estuvo el de avalar la entrada en México del maíz transgénico de Monsanto y Bayer, además el consejo de que no se rescataran los cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos, la Reforma Energética peñista, etc.

También, resulta paradójico que la información del manejo de recursos públicos del señalado Foro Consultivo no es de acceso público, ya que es una asociación civil privada, por lo cual sus activos son categorizados como bienes privados y no como parte del CONACYT, por lo mismo, no es un sujeto obligado a entregar información a los ciudadanos como sí lo son otros organismos autónomos. En mi opinión una cosa es la investigación de los delitos que le compete a la fiscalía y otra es saber a qué intereses o grupos servían los integrantes del Foro.

Es evidente, que ahora hay un debate sobre el modelo de desarrollo científico actual y una lucha política, y sólo por poner un ejemplo, pues en los países desarrollados, es el sector privado el que aporta el mayor porcentaje de inversión para apoyar la innovación en la ciencia y la tecnología.

*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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¿La CNTE se radicaliza?

4 meses ago ·

¿La CNTE se radicaliza?

Gustavo Santín Nieto

Cartas a Gracia

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunciarían la realización -desde mayo del 2021- de un “balance de la reforma educativa aprobada en la actual administración federal y sus leyes secundarias”, comentaría Laura Poy, reportera del periódico La Jornada. A casi tres años del ejercicio de la actual administración, la dirigencia del CNTE persiste en su demanda por cancelar a “la mal llamada reforma educativa”, a pesar de reconocer la eliminación de las evaluaciones punitivas realizadas por Enrique Peña Nieto; no obstante, quienes externan estas diferencias, permitirían recordar los “10 compromisos por la educación en México” que, el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, estableciera el 12 de mayo de 2018 en Guelatao, Oaxaca.

Prometería que se cancelaría la mal llamada reforma educativa y que se detendrían las “afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional”, y que habría justicia “para cesados injustamente, para presos políticos y para las víctimas de la violencia”; pero sobre todo por tema que nos interesa, la promesa de justicia a “la imposición de la mal llamada reforma educativa” y el anuncio -cumplido con creces- “de iniciativas de reformas a las leyes que vulneran la dignidad y los derechos de los maestros de México”.

A la promesa etiquetada con el numeral 6, Gracia, que ya te reseñara en el parágrafo anterior, se sumarían otras nueve: las promesas para fortalecer -incremento de presupuesto real- a “la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares”, aunque en superior se encuentre constitucionalmente limitado a las posibilidades de hacerlo. En los incisos 1) y 2), la entrega de alimentos -probablemente desayuno y comida- a todas y todos los niños “en todas las escuelas de educación básica de las zonas pobres y marginadas del país” clasificadas por el CONEVAL como zonas de pobreza y pobreza extrema; 3) becas estudiantiles para quienes asisten a escuelas de educación media y superior, a quienes de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, se les destinarán 34.4 miles de millones de pesos; y, adicionalmente 4) otras que se destinarían para estudiantes de escasos recursos inscritos en educación superior y una promesa más que otorgaría el cien por ciento en la inscripción para todos los universitarios.

Andrés Manuel en los compromisos, no se olvidaría de las escuelas normales y de la Universidad Pedagógica Nacional; en el numeral 5, establecería la “prioridad […] para actualizar los métodos de enseñanza, aprendizaje y mejorar la calidad de la educación”. El compromiso 7 se vincularía con el 6, asumiendo la elaboración conjunta de “un plan educativo que mejore -de verdad-, la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. ¡Nunca más una reforma educativa sin el magisterio!”.

En la declaración de Guelatao, el entonces candidato, se comprometería (inciso a respetar “la independencia y la autonomía de los trabajadores de la educación en México”. La no intervención pretendería garantizar “una plena democracia sindical”, prometiendo implícitamente fomentar la democracia como forma de vida y como forma de gobierno, extendiendo su ámbito de acción a la familia, la comunidad, “democracia en el sindicato”, en la escuela y en el país. El compromiso 9) asumiría la incorporación de “las propuestas alternativas de educación que cada entidad federativa ha impulsado, como el plan para la transformación del estado de Oaxaca”, al tiempo en el que se comprometiera a apoyar la educación indígena “respetando y preservando las lenguas, las tradiciones, las costumbres, el medio ambiente y la organización social comunitaria”, y finalizaría con el compromiso 10) con la oferta para acabar con el viejo vicio “del cobro de cuotas que pagan los padres de familia”, so pretexto del mantenimiento de la infraestructura educativa; aunque, a gran parte del personal docente y directivo no le falten subterfugios para justificar, entre ellas, algunas indispensables para el funcionamiento de las instituciones escolares, como el pago del teléfono, la luz y el agua; otros francamente banales, como los estipendios que aún cobran la mayoría de las direcciones y supervisiones escolares y que les servirían, en parte para poder operar y en parte para su santo, y por último, algunos francamente risibles solicitadas para organizar los concursos de escoltas y los deportivos, que la mayoría de maestros de educación física se embolsa. Menuda promesa.

Sin embargo, Gracia, trabajadores de la educación afiliados a la CNTE descalifican a Delfina Gómez, con la que dicen no llegar a ningún acuerdo, y por lo tanto insisten en reanudar el diálogo directo y las mesas de negociación con el presidente suspendidas por 18 meses; lo mismo que en la cancelación la reforma educativa de Peña Nieto “de la que persiste un 80%”. Tal pareciera que el balance prometido por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya se ha realizado y que su percepción de las políticas públicas asumidas por la administración es negativa y que su conclusión, se daría por intermedio de un dirigente de la Sección 7 de Chiapas, quien se preguntaría y se contestaría: ¿Es cierto que se abrogó la reforma educativa? ¡No! Entonces, seguiremos en esta lucha y en esta batalla. Tal pareciera que la dirección de la CNTE se radicalizaría y que se prepara para lo que venga, mientras que AMLO privilegia el parecer de las y los maestros de base.

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Si de dinero se trata

4 meses ago ·

Si de dinero se trata

Por: Gustavo Santín Nieto

Columna: Cartas a Gracia

El Comunicado No. 052 “Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega Paquete Económico 2022”, relataría los pormenores de la política económica que la administración contempla para el ejercicio fiscal 2022. Cierto, Gracia, que los simples mortales requerimos, si deseamos enterarnos del comportamiento que guardarían algunas de las variables económicas, -incluidas tanto la recaudación (ingresos) como el gasto programable- de la opinión de los expertos que le den seguimiento a lo anunciado; cuestión que se buscaría, por lo menos, en temas concernientes al sector educativo.

El relato de referencia destacaría tres propósitos, incluida la “recuperación económica inclusiva” -al parecer y de acuerdo a lo que estableciera el BID en el 2020- cuya base descansaría “además” en tres pilares: Reforzar los apoyos para el bienestar social de la población; y, aprovecharía algunas líneas para el autoelogio: “la solidez fiscal y estabilidad macroeconómica que el país ha mostrado desde el inicio de esta Administración”, al tiempo en el que señalaría los objetivos de los pilares, vinculando a los subsidios sociales con la reactivación de la economía, en el caso del primero.

Desearía un crecimiento de la economía nacional 2022, equivalente al 4.1% del PIB respecto al año anterior y fijaría, el precio del barril para la mezcla mexicana en 55.1 dólares, menor en 4 dólares respecto al fijado el año anterior; estimando una “producción de petróleo de 1 826 miles de barriles diarios”. Consideraría “una inflación anual de 3.4%”, menor en más de dos puntos respecto a la tendencia que muestra al mes de agosto del año en curso; “una tasa de interés promedio de 5%, y un tipo de cambio promedio de 20.3 pesos por dólar”.

Pero, si de dinero se trata y el Comunicado No. 052, además de los Criterios de Política Fiscal, incluye una propuesta de ingresos y de gastos, como sucedería con cualquier familia o cualquier particular que buscasen un equilibrio en sus finanzas; que responderían a los apelativos de Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y de Propuesta de Egresos de la Federación. En cuanto a la primera, resaltaría la creación de un “nuevo Régimen de Confianza”, la reafirmación del compromiso presidencial para no crear impuestos ni incrementar las tasas de los vigentes, “salvo ajustes por inflación”.

Reiterando su afán recaudatorio anunciaría, que la nueva ley de ingresos contendría una “serie de medidas orientadas a facilitar el cumplimiento del pago de los impuestos a través de la simplificación administrativa, además de cerrar espacios de evasión, defraudación y elusión fiscal”; cuestión que explicitaría que se apliquen controles -verbigracia declaración de situación patrimonial- que antaño se encontraban reservados solo a mandos medios y superiores, incluidos algunos jefes de departamento, a maestras y maestros al servicio del estado. La narrativa se detendría especialmente para generar expectativas Gracia, señalando que gastaría en promedio un 9.6% más de lo que se erogaría en 2021. Los rubros “protección social”, inversión en infraestructura y gasto programable se incrementarían, de acuerdo a la narrativa, en un 12.8%, 17.7% y 4.7%, respectivamente. Sin embargo y a pesar del anuncio, el gasto educativo, de acuerdo a la Tabla IV.4 Gasto Programable del Sector Público 2021-2022, pasaría de 350.2 en 2021 a 364.5, en los dos casos expresados en miles de millones de pesos. Tan solo 14.3 miles de millones más, equivalente como se estipula en el cuadro, a un 4.1%, menor que la inflación que se alcanzará en el ejercicio fiscal 2021.

Como te comentara líneas atrás Gracia, a pesar de la formación práctica o académica que tuviesen tirios y troyanos, un análisis pormenorizado requería de una guía como la que pueden prestar consultores especializados como TREHPAOP, despacho que elabora un Comparativo del Presupuesto del Sector Educativo 2021-2122, “en los Ramos 33 y 11 a nivel nacional” que te proporcionaría un panorama general o, en su defecto, te conminaría a “echarte un bucito” que bien vale la pena, en los documentos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Destacaría Gracia, el cuadro y la gráfica Aportaciones Federales a Entidades y Municipios, etiquetado en la página 5, que muestra el comportamiento de los conceptos: servicios personales, gasto corriente, gasto de operación y fondo de compensación, destinados entre otras cuestiones a sueldos y salarios y recursos para el funcionamiento de los planteles de educación obligatoria.

El concepto Servicios Personales crecería en gasto programado en un 3.98%, al pasar de 371.6 mil millones de pesos en 2021 a 386.4 mil millones de pesos en 2022, 14.7 miles de millones más; en tanto que el Gasto Corriente permanecerá estático en 10.7 mil millones de pesos, reportando un crecimiento programado nulo; mientras que el monto destinado a Gasto de Operación pasaría de 14. 9 mmp a 15.7 mmp que equivale al 5.81%. El Fondo de Compensación destinado a, como su nombre lo dice, “compensar” a los anteriormente denominados Estados Ganadores (en el reparto de la fórmula del FAEB al cambiar la distribución al FONE) crecería también en un 5.81%.

Las y los trabajadores de la educación podrían esperar que en mayo del 2022, el titular del ejecutivo federal anuncie un incremento alrededor del 4 %, puesto que si del dinero público se trata, la ruta se inicia cada 8 de septiembre.

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LA 4T Y  SU POLÍTICA, NI LOS VEO, NI LOS OIGO

4 meses ago ·

LA 4T Y SU POLÍTICA, NI LOS VEO, NI LOS OIGO

Créditos:  Dr. Julián Germán Molina Carrillo

 

Una de las frases más celebres de la picaresca política mexicana, fue la pronunciada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, en alusión a los ataques que recibía cuando desempeñaba el cargo, de parte de sus opositores o de los grupos que criticaban sus iniciativas y que reza. “Ni los veo, ni los oigo” con lo cual daba a entender, que le tenían sin cuidado lo que pensarán sus opositores o las voces de inconformidad y ataques que recibió su administración, que no fueron pocas en todo su sexenio, en el esplendor del periodo neoliberal en México (1988-1994).

Era una forma de darle la vuelta a las cosas y de burlarse de sus críticos, con un dejo de altanería y soberbia, que era apoyado por sus funcionarios que lo celebraban y aplicaban de alguna forma en el desarrollo de sus funciones, total, si el Presidente de la República lo decía y aplicaba en los hechos, era porque era lo adecuado, aún y cuando sus funciones y responsabilidades que tenían encomendadas, dijeran lo contrario.

Carlos Salinas de Gortari, goza de la calificación, de ser el culpable de muchas de las desgracias que padecemos los mexicanos, porque varias de sus decisiones, como la privatización de los bancos vendidos a capitales extranjeros y la venta de empresas públicas como Telmex y la Televisión oficial, afectaron y siguen afectando la vida de millones de mexicanos y peor aún las arcas de la Nación, de cuyo saqueo el país no podrá recuperarse.

Sería muy largo hablar de la vida y obra de Carlos Salinas de Gortari, pero no es el tema central de esta colaboración. Sino su célebre frase, que ha sido adoptada en su forma de gobernar, por el Presidente López Obrador, quién aunque a diferencia de Carlos Salinas, trata por medio de su conferencia mañanera de salir al paso de la información y notas periodísticas que critican a su gobierno y sus funcionarios, sólo lo hace por una preocupación mediática, es decir, la respuesta y controversia la lleva a cabo con el mensajero de la información, no le merece mayor atención o preocupación las personas o grupos de la sociedad civil que reclaman atención a sus problemas y que se vieron obligados a pedir a los medios de comunicación, se convirtieran en portavoces de sus demandas, lo cual si bien es cierto ayuda, de fondo no resuelve los problemas.

Ante el cambio en la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero y la llegada del ex gobernador de Tabasco Adán Augusto López, algunos analistas, han señalado que posiblemente en la segunda mitad de su sexenio, el Presidente ha decidido cambiar su estilo de gobernar y ahora sí, habrá mayor apertura al diálogo con los actores políticos y organizaciones de la sociedad civil, con lo que mediante el reuniones y mesas de trabajo, se podrá llegar a acuerdos, donde prevalezca la buena fe del Gobierno federal y de los sectores de la sociedad civil y actores políticos, para dar solución a los graves problemas que aquejan al país en todos los frentes, desde la seguridad pública, la vacunación para combatir la pandemia del Covid 19, el crecimiento de la pobreza en varios estados del país, la crisis migratoria que amenaza con salirse control ante el mayor flujo de personas que intentan llegar a los Estados Unidos y que al no poder lograrlo, se están quedando a vivir en el país, lo que está originando un gran reclamo social en diversas zonas del sur como Chiapas Campeche y Tabasco.

Antes del cambio de la titular de la Secretaría de Gobernación, si bien es cierto se atendían diversos temas en reuniones, esa no era la costumbre de la actual administración, por ello si se modifica la atención a los problemas ello ayudará a la ciudadanía. Que demanda un gobierno que le dé un trato humano y le resuelva sus problemas,

Una de las cuestiones que además de la pandemia del covid 19, incluso antes de ella, se extendió a los Estados de la república gobernados por MORENA, fue la realización diaria de las conferencias mañaneras, en las que los Ejecutivos estatales, como en el caso de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y de otros Estados, aprovechan para tratar asuntos caseros y hablar de los logros de sus administraciones, obviamente, se adueñan del micrófono y nulifican las voces críticas o preguntas incómodas de los reporteros, que tienen prohibido hacerlas, con la amenaza de que ya no se les permitirá asistir a las mismas, es decir, se convirtió en un ejercicio para convencer a los ciudadanos, de que el trabajo va bien y los resultados están a la vista; en otras palabras ahí lo que escuchamos es la versión oficial y no hay manera de contrastar la información, porque ellos siempre tienen “otros datos”

Otra cuestión, que también han adoptado las administraciones estatales de los Gobernadores de Morena, es aplicar el “Ni los veo, ni los oigo” y yo agregaría “Ni me importan”, debido a que como todo aquél que los critique o cuestione es un conservador, fifi o enemigo político del Gobierno, se le cierra la puerta, nunca se le escucha y más bien se le amenaza con abrirle una carpeta de investigación o echarle el aparato de Estado para descalificarlo y evitar que sus demandas sean atendidas o resueltos sus problemas. En otras palabras no les preocupa o afecta el problema que se les pone enfrente, sino el daño que puede hacerles el portavoz o denunciante ante la opinión pública y los potenciales votos que podrían perder en el siguiente proceso electoral, por ello se cierran a cualquier apertura o diálogo con los ciudadanos y esta política se extiende a todos los Secretarios de sus gabinetes y funcionarios, que administran encerados en sus oficinas, únicamente preocupados, por no caer de la gracia del gobernante o ver de qué forma pueden llegar a otro puesto o cargo legislativo, en premio a sus brillantes logros, los ciudadanos, les valemos gorro y sólo se toman en cuenta cuando piden un voto para su partido.

Esta ha sido la mística y forma de trabajar de los gobernantes de la 4T, alejados de los problemas sociales, económicos, políticos, de inseguridad, pobreza, ineficiencia y otros más que padecemos los millones de mexicanos, que esperábamos no sólo un cambio de Partido y nuevos funcionarios, sino una mejor administración y solución a lo que todos los días sufrimos los ciudadanos en este país.

                                                  Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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Modelo Educativo Híbrido: aplicación deficiente

4 meses ago ·

Modelo Educativo Híbrido: aplicación deficiente

Por: Gustavo Santín Nieto

Cartas a Gracia

El sistema híbrido se convertiría en un recurso al que recurrirían autoridades educativas, tal cual si fuese una panacea que aliviaría las penurias educativas agravadas por los casi dos años que ha durado la pandemia y los 18 meses en los que estuvieran cerradas las escuelas, Gracia. En ese modelo se utilizarían diversas opciones escolares -presencial, a distancia, autónomo-. Por lo menos, eso es lo que se desprende de la lectura del Modelo Educativo Híbrido en el Estado de Puebla Educación, Básica y Media Superior, Ciclo Escolar 2021-2022, que se puede consultar en el sitio de la SEP Puebla http://sep.puebla.gob.mx/; modelo que en la práctica coincidiría con el que se aplica en la Ciudad de México, cuyo fundamento descansa en el Acuerdo número 23/08/21, por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, publicado el pasado 20 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Y, aunque en el acuerdo se estableciera la asistencia opcional para las y los estudiantes, el artículo segundo del Título Uno: Disposiciones Generales, establece Gracia, que “El servicio público educativo se brindará de forma presencial, responsable y ordenada en los términos que dispongan las Autoridades Sanitarias”. Pero, independientemente de la asistencia, obliga a la inscripción de niñas y niños para quienes decidiesen salvaguardar la salud de los menores (artículo décimo segundo), y la realización de una “valoración diagnóstica” al reincorporarse físicamente a su escuela. El tercer parágrafo del artículo en cuestión dejaría a un lado el acompañamiento que maestras y maestros debiesen dar a quienes optaron por quedarse en casa derivando la responsabilidad a “las Autoridades Educativas Locales, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, los Asesores Técnico Pedagógicos y los equipos técnicos, podrán, dentro de sus posibilidades, brindar seguimiento y atención a las y los educandos que optaron por no acudir al servicio educativo presencial, […]” privilegiando al estudiantado que se ubique en “zonas de alta y muy alta marginación”.

El Artículo Décimo Séptimo reitera la advertencia a las y los menores de edad, lo mismo que a “los propios educandos mayores de edad, que de forma voluntaria opten por no acudir al servicio educativo presencial”; serán sujetos de una valoración diagnóstica cuando, tal cual hijos pródigos, retornen al buen camino de la educación presencial, solo “con objeto de conocer su nivel de aprovechamiento escolar” y, de paso, culparles por el atraso académico que presenten. La admonición podría resumirse en una cuantas palabras: ¡ojo chamaca, chamaco!, si tu padre o tu madre optaron por cuidar de tu salud, prefiriendo que te quedaras en casa, también deben asumir responsabilidad de instruirte porque la colaboración de las maestras y maestros se limitaría a la entrega y recepción de cuadernillos didácticos y los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATPs) y otras autoridades educativas te auxiliarían “cuando pudiesen”.

Podría pensarse -aunque no es así- que otras autoridades locales como las del Estado de Puebla, asumirían su responsabilidad pensando en el interés superior de las y los menores, y más, cuando publican textos como el abordado en las primeras líneas de la carta que recibirás el domingo 5 de septiembre ya iniciada la tarde, manual acompañado por la versión que aplicaría en Educación Superior. Y si el retorno a clases -voluntario para las y los menores- siguiera la tendencia que las autoridades educativas y personal docente y directivo reportan, estaría destinado al fracaso.

En el primer caso, la SEP reconocería que al inicio del ciclo escolar asistirían 11.5 por ciento de alumnas y alumnos, un 46 por ciento de las y los que estarían inscritos en educación obligatoria; mientras que personal docente y directivo estimaría al cierre de la primer semana de clases, la asistencia tan solo de un 30 por ciento de su alumnado, de acuerdo a datos publicados (5 de septiembre) por Laura Poy en el periódico La Jornada.

El remedio a la enfermedad -si se aplicara, Gracia- requeriría disposición y aprendizaje por parte de las y los docentes, colaboración de madres y padres de familia, responsabilidad de niñas, niños, jóvenes y adolescentes; pero sobre todo, de una gran inversión pública en infraestructura física y en equipo tecnológico -incluidos gadgets- que permitieran, enfrentar un reto que por el momento se percibe imposible para las autoridades; aún así, por definiciones y marco teórico no se para.

El manual consultado define al Modelo Educativo Híbrido del Estado de Puebla, -representación que la autoridad educativa local imaginaría-, “como el espacio de interacción presencial y a distancia que potencia el tiempo pedagógico a través de la generación de ambientes de aprendizaje que favorezcan la autonomía del aprendiente y la interacción sincrónica y asincrónica para garantizar el Derecho a la Educación”.

No obstante, “del dicho al hecho hay mucho trecho”, y las declaraciones de las y los docentes, que reproducen instrucciones emanadas de las autoridades educativas, incluidas las escolares y plasmadas en el acuerdo nacional que te mencionara, dejan toda la responsabilidad a los aprendizajes autónomos y a las madres y padres de familia. El sustento teórico es sólido; pero hasta ahora, la aplicación es deficiente.

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LA REFORMA ELECTORAL DE LA 4T

4 meses ago ·

LA REFORMA ELECTORAL DE LA 4T

Dr. Julián Germán Molina Carrillo

Desde hace un mes aproximadamente, la bancada de MORENA en el Congreso de la Unión, viene poniendo en el escenario político, la amenaza de realizar una Reforma Electoral con el objetivo de satisfacer la animadversión que el Presidente de México ha demostrado en contra de los organismos más importantes en la materia, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, a quienes ha acusado de ineficientes y corruptos, producto de los gobiernos neoliberales y que no representan más que los intereses de los partidos de oposición a quienes deben su designación, haciendo a un lado que son instituciones puntales en la democracia mexicana, que han logrado inyectar imparcialidad y certeza en nuestros procesos electorales y que han permitido la expresión, recreación, convivencia y competencia de la diversidad política.

Aunado a esto y aprovechando la mayoría que hoy tienen y con el objetivo de mantenerla a como dé lugar, pretenden impulsar fórmulas de integración del Congreso que quieren sobre representar a la mayoría y sub representar a las minorías.

Para demostrar lo anterior, basta con observar los diversos ejes en la propuesta: uno tiene que ver con el presupuesto, para lo cual se propone eliminar a los 32 senadores de representación proporcional, y a los 100 diputados de representación proporcional.

Dicha medida afectaría de manera directa el pluralismo y terminaría con el objetivo que nuestra democracia buscaba al darle poder de participación a la mayoría de las fuerzas políticas que en ella intervienen y hasta la más débil encontraba forma de representación en el ejercicio del poder, y por otra parte el ahorro es mínimo respecto a lo que se pierde. Se puede aceptar lo del Senado, que llevaría a una composición bipartidista en cada estado de la Federación, pero lo de la Cámara de Diputados es contrario a un mejor sistema de representación; se lastima la pluralidad, por lo que este cambio representa un retroceso.

Otro de los cambios tendientes a obtener el control de los procesos electorales, es desaparecer a los OPLES y que el INE se quede con sus juntas locales y distritales, una idea centralista, con tintes autoritarios totalmente.

Como podemos ver, la misma atenta contra la Soberanía de los Estados, y lo que pretende es tener el control para que ganen Gobernadores identificados con Morena, los cuales defiendan sus intereses y no vuelva a pasar algo como lo ocurrido con Félix Salgado Macedonio en Guerrero.

Por todo lo anterior, podemos observar, que el presidente y sus aliados han encontrado como solución a sus problemas y como fórmula para satisfacer sus deseos de perpetuarse en el poder, reformar la Constitución aprovechando la mayoría calificada que ostentan, toda una práctica priista del siglo pasado, lo que tanto criticaron en campaña es en lo que se han convertido, un gobierno que utiliza a los Poderes y las instituciones para sacar adelante sus proyectos e iniciativas, buscando a toda costa aplastar a una oposición, que cada vez es más endeble, por la presión a sus liderazgos y por el uso faccioso que ha hecho el Presidente de instituciones como la Fiscalía General de la República supuestamente autónoma, qué se ha convertido en el garrote presidencial en contra de los opositores, aunque en el discurso el Presidente afirme que no tiene injerencia en sus determinaciones.

Aquí cabe preguntarnos: ¿es de vital importancia para la vida del país, llevar a cabo en este momento la reforma electoral que propone el Partido del Presidente? Cuando existen problemas más graves que requieren su atención inmediata, como la aplicación de las vacunas contra el covid 19, la atención a los damnificados por los desastres naturales, la reactivación económica del país, la crisis migratoria que se vive al sur del país, el regreso a clases, entre otros graves problemas.

¿O es que en la mente del Presidente sólo está el buscar por todos los medios que su partido no pierda las elecciones de 2024 y desde ahora esa es su meta más importante? Y lo demás puede esperar aunque el país se encuentre colapsado.

 

                          Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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Motivaciones de la SEP

5 meses ago ·

Motivaciones de la SEP

Por: Gustavo Santín Nieto

Cartas a Gracia

Como me comentas Gracia, el regreso a clases presenciales se ha convertido en un asunto que ha polarizado la opinión de madres, padres de familia, maestras y maestros, organizaciones sindicales (aunque la CNTE pondere su membresía como una corriente de expresión del SNTE), autoridades federales y locales, medios de comunicación y redes sociales, al margen de la opinión que pudiesen verter los doctos en la materia; aunque a través del Boletín SEP no. 181 manifestara: “Publica SEP acuerdo con las disposiciones para reanudar actividades de manera presencial en el Ciclo Escolar 2021-2022”, y difundiera las directrices establecidas en el “ACUERDO número 23/08/21 por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 […]”. Este título que se alarga ocho renglones más y de cuyo texto se resaltarían algunas disposiciones en torno al próximo ciclo escolar.

Publicado el pasado 18 de agosto estaría acompañado con un golpe de mano expuesto en las Motivaciones del acuerdo y mediante el que recordaría que la ‘rectoría de la educación’ le corresponde al Estado, entidad que priorizaría “el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos (Motivación IV, ACUERDO número 23/08/21), apunte dirigido a las y los docentes y sus organizaciones, sin dejar de lado a madres, padres de familia y/o tutores.

Las Motivaciones tal vez reconocerían -si el orgullo o si las críticas a Esteban Moctezuma lo permitieran-, la falta de acceso equitativo a los recursos digitales- que “el Estado debe ofrecer a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje”, lo mismo que la diversidad sanitaria que mostraría el semáforo epidemiológico y que les permitirían ya reconocer que tras casi 18 meses de escuelas cerradas “es imperante brindar las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación de manera focalizada y regionalizada”

El Acuerdo alabaría a las y los docentes, sin diferenciar entre iguales y homologando a los desiguales señalando: “Que el mayor esfuerzo realizado contra el virus SARS-COV2 en el Sistema Educativo Nacional lo llevaron a cabo las y los docentes, al generar y buscar mecanismos de comunicación entre ellos y los educandos y, de esta forma, garantizar los aprendizajes y conocimientos necesarios […]”, menospreciando a quienes en casa se comportarían como unas verdaderas heroínas, supliendo a maestras y maestros. Reitera en la Motivación XIII, descargando de culpa a quienes alaba: “Que debe brindarse certeza jurídica y claridad para aquellos educandos que, a pesar de todos los esfuerzos invertidos y coordinados de las y los docentes […]” no adquirieron los aprendizajes esperados, quizás, por culpa del destino y de la falta de computadoras, señal de internet, teléfonos inteligentes suficientes, dinero para recargas; aunque señala en el numeral XV, que la SEP realizó su chamba “por lo que se generaron condiciones para que las y los trabajadores al servicio de la educación estén en condiciones de realizar su labor en el esquema presencial en su lugar de trabajo, considerando las indicaciones de las Autoridades Sanitarias”; decisión avalada los días 12 y 13 de agosto, según estipula el Consejo Nacional de Autoridades Educativas quienes acordarían “diversas acciones y estrategias para un regreso a clases presencial de forma responsable y ordenada en los tres tipos educativos”.

Las Motivaciones del Acuerdo apuntarían a una expresión pública que se atribuyera a la Secretaría de Salud; opinión mediante la que esta dependencia -en funciones de educador sustituto- manifestase que (Motivación XVII) la educación se catalogaría como una actividad prioritaria y esencial, lo que permitiría que se pudiese regresar a las aulas aunque el semáforo se tiñese de rojo, “en términos del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2021”, que le posibilitaría que la administración pública cumpliese con “un derecho humano fundamental que trasciende en la vida de cada persona […] salvaguardando la integridad de las y los miembros del Sistema Educativo Nacional”.

En abundancia, el jueves 19 de agosto, Luis Fernando Carrera Castro representante de la UNICEF en México, señalaría que “acompañarían” a la administración “en este gran desafío”, en el que “casi 37 millones de esos 150 millones de niños que no ha vuelto a clases desde hace 18 meses”, regresen y prometería, probablemente a cambio de pingües contratos, que el organismo “cooperaría en cuatro frentes”: desarrollo de los protocolos, monitoreo de la situación de los centros educativos, comunicación (asertiva), recuperación de aprendizajes y de la salud emocional de niñas y niños, actividades propias de la SEP, ¡que lamentable!

En el mismo tenor caminarían las intervenciones del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y de la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y de las que abundaré en la carta que te enviaré el próximo lunes; sin embargo, los temas sobre la violencia intrafamiliar agravada por el encierro cuasi forzoso y el deterioro de la salud emocional de las y los educandos, fundamentarían –seguramente- las Motivaciones que originaron el manotazo dado por la autoridad educativa. Motivaciones para curarse en salud, Gracia.

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Crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

5 meses ago ·

Crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Por:  Dr. Germán Molina

Desde el surgimiento de nuestra forma de gobierno como democracia y durante la vigencia de ésta en nuestro país, no habíamos observado una crisis tan sui generis como la que hoy vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la destitución del Presidente en funciones José Luis Vargas, mejor conocido como el “magistrado billetes”.

Tras ser evidenciado a nivel nacional debido a la denuncia e investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su contra, por el delito de enriquecimiento ilícito por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019, motivó que cinco magistrados de los que que integran la Sala Superior, Reyes Rodríguez, Janine Otálora, Indalfer Infante, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, lo destituyeran de la Presidencia por pérdida de confianza y nombrando al primero de los mencionados como nuevo Presidente.

Esta situación ha desatado toda una polémica de incertidumbre, legalidad y vacío jurídico ante la falta de disposiciones para regular la destitución de un magistrado presidente, que ya no goza de la confianza de quienes lo invistieron para ejercer el encargo más importante dentro del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país.

Desde mi punto de vista, la destitución de Vargas, aunque no es legal sí es legítima, porque al ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la máxima autoridad en la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 99 constitucional, y al ser un ente autónomo, donde son los siete magistrados que la integran, quienes internamente eligen a quien fungirá como Magistrado Presidente por un periodo de cuatro años, sus decisiones en teoría, no están sujetas a otro poder.

Al ser electo de esa forma, si bien es cierto, no se contempla la forma de su destitución, también lo es un acto que faculta al pleno de la Sala Superior según lo establecido en el artículo 10 fracción IV, de su Reglamento interno, para la elección por mayoría de votos, lo que nos evidencia que es un acto plenario y potestativo de los siete magistrados, que a contrario sensu, cuando no exista convergencia y convencimiento de la designación, se entiende la facultad para destituir a quien hayan investido.

Sin embargo, el presidente destituido no acepta dicha decisión, al grado que, en un acto desesperado, anunció la interposición de una controversia constitucional para oponerse jurídicamente a su destitución, acción que solo vendría a agravar la crisis referida, puesto que al solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia, en actos de naturaleza administrativa de un órgano que jerárquicamente no tiene a un ente superior (para ese tipo de decisiones) y que goza de autonomía, lo único que ocasionará es una colisión deontológica interminable.

Lo que el magistrado debió hacer, desde que se supo que existía una investigación en su contra, es haberse separado del cargo pidiendo una licencia, como ya lo hemos manifestado en artículos anteriores, a fin de evitar se pusiera en tela de juicio su probidad y fama pública para desempeñar tan relevante cargo, de vital importancia para la vida democrática del país y con ello impedir se llegara a esta situación, en momentos donde se encuentran en trámite cientos de recursos e impugnaciones de los partidos políticos de la pasada elección del seis de junio y que deben resolverse antes del 20 de agosto del año en curso, conforme al calendario electoral.

De una u otra forma, tal parece que este diferendo de los magistrados del Tribunal Electoral, no tiene una solución inmediata, porque las posiciones se han radicalizado y si prevalece su destitución, quedará claro que existen dos bloques en las decisiones, del grupo que lo destituyó y puso al nuevo Presidente y de Vargas y la magistrada Soto que lo apoya. En el supuesto caso de que se le permitiera concluir su período, de todas formas los bloques permanecerían igual y las resoluciones se seguirían radicalizando.

Aquí, quién sale ganando al final con esta crisis, es el presidente López Obrador, quien se ha pronunciado por acusar, que tanto el Tribunal como el INE son órganos que no funcionan y que deben desaparecer o renovarse, porque responden a los intereses de grupos políticos o partidos y no representan los intereses del pueblo de México e incluso acusó en una declaración hecha este viernes 6 de agosto: “Que todo el poder judicial está podrido, salvo honrosas excepciones” urgiendo a una nueva reforma electoral, que seguramente responda a sus intereses y su proyecto político para 2024.

Lo único positivo de todo este conflicto, es que, al final el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar ya anunció que no prorrogará su mandato hasta 2024, sino lo culminará en 2022 como estaba previsto desde su designación.

 

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