LA REFORMA ELECTORAL DE LA 4T

2 semanas ago ·

LA REFORMA ELECTORAL DE LA 4T

Dr. Julián Germán Molina Carrillo

Desde hace un mes aproximadamente, la bancada de MORENA en el Congreso de la Unión, viene poniendo en el escenario político, la amenaza de realizar una Reforma Electoral con el objetivo de satisfacer la animadversión que el Presidente de México ha demostrado en contra de los organismos más importantes en la materia, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, a quienes ha acusado de ineficientes y corruptos, producto de los gobiernos neoliberales y que no representan más que los intereses de los partidos de oposición a quienes deben su designación, haciendo a un lado que son instituciones puntales en la democracia mexicana, que han logrado inyectar imparcialidad y certeza en nuestros procesos electorales y que han permitido la expresión, recreación, convivencia y competencia de la diversidad política.

Aunado a esto y aprovechando la mayoría que hoy tienen y con el objetivo de mantenerla a como dé lugar, pretenden impulsar fórmulas de integración del Congreso que quieren sobre representar a la mayoría y sub representar a las minorías.

Para demostrar lo anterior, basta con observar los diversos ejes en la propuesta: uno tiene que ver con el presupuesto, para lo cual se propone eliminar a los 32 senadores de representación proporcional, y a los 100 diputados de representación proporcional.

Dicha medida afectaría de manera directa el pluralismo y terminaría con el objetivo que nuestra democracia buscaba al darle poder de participación a la mayoría de las fuerzas políticas que en ella intervienen y hasta la más débil encontraba forma de representación en el ejercicio del poder, y por otra parte el ahorro es mínimo respecto a lo que se pierde. Se puede aceptar lo del Senado, que llevaría a una composición bipartidista en cada estado de la Federación, pero lo de la Cámara de Diputados es contrario a un mejor sistema de representación; se lastima la pluralidad, por lo que este cambio representa un retroceso.

Otro de los cambios tendientes a obtener el control de los procesos electorales, es desaparecer a los OPLES y que el INE se quede con sus juntas locales y distritales, una idea centralista, con tintes autoritarios totalmente.

Como podemos ver, la misma atenta contra la Soberanía de los Estados, y lo que pretende es tener el control para que ganen Gobernadores identificados con Morena, los cuales defiendan sus intereses y no vuelva a pasar algo como lo ocurrido con Félix Salgado Macedonio en Guerrero.

Por todo lo anterior, podemos observar, que el presidente y sus aliados han encontrado como solución a sus problemas y como fórmula para satisfacer sus deseos de perpetuarse en el poder, reformar la Constitución aprovechando la mayoría calificada que ostentan, toda una práctica priista del siglo pasado, lo que tanto criticaron en campaña es en lo que se han convertido, un gobierno que utiliza a los Poderes y las instituciones para sacar adelante sus proyectos e iniciativas, buscando a toda costa aplastar a una oposición, que cada vez es más endeble, por la presión a sus liderazgos y por el uso faccioso que ha hecho el Presidente de instituciones como la Fiscalía General de la República supuestamente autónoma, qué se ha convertido en el garrote presidencial en contra de los opositores, aunque en el discurso el Presidente afirme que no tiene injerencia en sus determinaciones.

Aquí cabe preguntarnos: ¿es de vital importancia para la vida del país, llevar a cabo en este momento la reforma electoral que propone el Partido del Presidente? Cuando existen problemas más graves que requieren su atención inmediata, como la aplicación de las vacunas contra el covid 19, la atención a los damnificados por los desastres naturales, la reactivación económica del país, la crisis migratoria que se vive al sur del país, el regreso a clases, entre otros graves problemas.

¿O es que en la mente del Presidente sólo está el buscar por todos los medios que su partido no pierda las elecciones de 2024 y desde ahora esa es su meta más importante? Y lo demás puede esperar aunque el país se encuentre colapsado.

 

                          Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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“LA  ERRADICACIÓN  DE LA EDUCACIÓN PRIVADA EN MÉXICO “

3 meses ago ·

“LA ERRADICACIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIVADA EN MÉXICO “

Dr. Julián Germán Molina Carrillo

 

Una de las propuestas más relevantes de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador de 2018, fue la de echar abajo la Reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue parte de las reformas estructurales del denominado “Pacto Por México” suscrito en su momento por las principales fuerzas políticas del país, representada por los Partidos PRI, PAN Y PRD, en 2013.

Para efectos de lo anterior, se dieron diversos argumentos: como el no permitir que la educación en el país se enfocara a las lógicas del mercado, a los procesos de mercantilización absoluta derivadas del neoliberalismo, para proponer y alcanzar una educación integral que realmente sirviera a los educandos.

Con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, mediante la cual se modificaron los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, se retomó el rol de las niñas y niños, jóvenes y maestros como premisas fundamentales dentro del sistema educativo nacional y se dio un paso para alcanzar en México una mayor justicia , menor desigualdad y mayores oportunidades para todas las personas, haciendo de la educación un derecho fundamental para todos los mexicanos.

El artículo 3º Constitucional reconoce el derecho de toda persona a la educación. Estableciendo que el Estado-Federación, Estados, ciudad de México y Municipios impartirá y garantizará la educación desde la inicial, preescolar, primaria y secundaria que conforman la educación básica y la media superior que serán obligatorias y la educación superior será obligatoria, en los términos de la fracción X de dicho artículo, es decir, el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la educación superior, en términos de lo que establezca la ley en la materia.
Así el 20 de abril de 2021 se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Dicha Ley, tiene como objetivo establecer los lineamientos para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar la educación superior, se distribuyó la función educativa entre la federación, los estados y los Municipios, además de establecer la coordinación ,promoción, vinculación, participación social , evaluación y mejora continua de la educación superior del país; así como regular la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior, entre otros aspectos.

Así mismo se fijó un plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación de la ley, para que las legislaturas de los estados, procedieran a armonizar su marco jurídico en la materia.

En el caso del Estado de Puebla, el H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Educación, tuvo a bien convocar a un ejercicio de parlamento abierto, denominado “Hacia una Nueva Ley de Educación Superior del Estado de Puebla” los días 14 y 20 de mayo de 2021, donde recibieron 30 propuestas de Instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en materia educativa, lo cual permitió plantear diversas inconsistencias y puntos que a varias Universidades nos preocupan, por el enfoque de la ley.

Finalmente, el dictamen elaborado por la Comisión de Educación, fue aprobado por el pleno del Congreso y en Puebla ya tenemos una nueva Ley de Educación Superior.

Es de llamar la atención, que bajo la nueva normatividad, desde la Ley General de Educación, de la Ley General de Educación Superior de la que deriva la ley estatal en la materia, existe un criterio sesgado y de persecución en contra de las instituciones de financiamiento privado, es decir, diversas disposiciones ponen especial atención a exigir obligaciones y cargas, que no aplican para las instituciones oficiales, sobre todo en cuanto a los mecanismos para la apertura de nuevos planteles y el otorgamiento de los denominados RVOES (reconocimientos de validez oficial de estudios).

Sobre todo, el espíritu de la legislación de la materia, prioriza la vigilancia y sanciones en contra de las instituciones privadas, exigiendo múltiples requisitos para su funcionamiento, siendo inequitativa y represiva, como si la educación privada en general constituyera sólo un negocio y no una forma de coadyuvar con el Estado para atender a una población que cada día demanda mejores servicios y calidad en los planes y programas de estudio, que muchas veces no le proporcionan las instituciones oficiales.

La nueva normatividad, si bien es cierto alienta de alguna manera la mejora y calidad de las instituciones educativas privadas, por otro lado establece un sin número de condiciones, que seguramente llevarán al cierre de muchas de ellas, por ejemplo en lo que respecta a los procesos de evaluación y acreditación institucional nacional e internacional que se exige como una condición para el refrendo de los RVOES, aún las llamadas “grandes instituciones privadas” tendrán problemas para cumplir con ello, pues en la normatividad anterior, los organismos acreditadores otorgaban dicha calificación por carrera o programa y no a nivel institucional, por lo que lograrlo será un proceso que implica un alto financiamiento y no se llevará a cabo de la noche a la mañana, sino quizás en un mínimo de tres a cinco años.

Lo anterior, sin olvidar que por la pandemia del covid 19 y el nulo apoyo de los Gobiernos federal y estatales a las empresas e instituciones educativas, así como la pérdida de empleo de los padres de familia, los daños al sector educativo son considerables, por lo que en mi opinión, el objetivo final del Estado es procurar la quiebra de las instituciones educativas privadas, donde se educa un sector importante de ciudadanos de clase media, que hoy no gozan de la simpatía presidencial.

*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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