Jalón de orejas

3 días ago ·

Jalón de orejas

Delfina Gómez Álvarez, titular de la oficina educativa de la actual administración y presidenta del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, habría dado un “jalón de orejas” a 14 de sus homólogas y homólogos locales, quienes presuntamente y por diversas causas, anticiparían la conclusión del ciclo escolar 2021-2022; hito que se plasmaría en el Boletín SEP no 149 Exhorta titular de la SEP a cumplir en tiempo y forma con el calendario escolar, aprobado previamente Gracia. No obstante, alumnas, alumnos, madres, padres de familia, maestras, maestros lo mismo que del resto de las y los trabajadores de la educación, externarían su desacuerdo con una medida tomada por la alta burocracia educativa, que tan solo por equivocación -alguna gira- pisarían las aulas y más, cuando el cumplimiento del calendario establecido vendría acompañado de algunas decisiones tomadas por las propias autoridades federales que boicotearían la medida: a) todos pasan y b) queda sin efecto el porcentaje de asistencia para tener derecho a calificaciones finales, lo mismo que a las becas estipuladas, c) sería 6 la calificación mínima que se asentaría en la boletas.

Las escuelas mostrarían su cara de guarderías Gracia. Niñas y niños enterados del empoderamiento que por tercer año consecutivo les brindaría la más alta burocracia morada, disminuirían su interés para asistir a la escuela, y más cuando sabrían que por instrucción de la autoridad educativa federal, su pase al grado superior estaría garantizado. No obstante, al desinterés escolar provocado que muchas comunidades escolares compartirían Gracia, maestras y maestros serían destinatarios de una instrucción que sería difundida por un gran número de medios formales e informales, nacionales y locales, lo mismo que por el Boletín SEP no 149 Exhorta titular de la SEP a cumplir en tiempo y forma el cierre de ciclo escolar, y que haría eco del reproche que Delfina Gómez haría a sus pares en las entidades.

Delfina expondría sus razones en la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) realizada en la ciudad de Puebla entre los días 23 y 25 de junio; no dejaría ninguna duda, “si bien” y dado el caso instruiría a sus pares, que tras un diálogo que sostuviesen con las y los progenitores, respetaran la decisión de madres y padres de familia que tuviesen miedo” y suspendieran clase de manera anticipada. Aludiría tanto al derecho que asistiría a niñas y niños para estar “en el lugar más seguro”, como al fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, producto de la interacción entre el personal docente y el alumnado. Al tiempo, señalaría “que sería un sinsentido actuar de manera contraria” tras lograr el regreso a clases presenciales; cuestión por la que conminaría a las y las 14 autoridades locales disidentes para que antes de irse por la libre, consultasen con la autoridad central entreverando, que la determinación de la duración del calendario escolar, correspondería normativamente -competencias, facultades y atribuciones- a la Secretaría de Educación Pública Federal.

Previo al “jalón de orejas” Gracia, las y los integrantes de la CONAEDU firmarían la Declaración de Puebla (Boletín SEP no 147 Convocatoria Nacional “Vamos todas y todos por la educación” para la reinserción escolar y recuperación de aprendizajes). Llamada a misa que suscribirían las 33 cabezas del sector educativo nacional, incluida la titular de la oficina educativa de la administración federal y que, presuntamente, tendría “como premisa identificar estudiantes intermitentes y/o que no asisten a clases, para que regresen a la brevedad a los planteles de Educación Básica y Media Superior de todo el país” y que, de acuerdo al Comunicado de prensa número 185/21 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del 23 de marzo del 2021 y a un año del inicio de la pandemia, habría ocasionado que 5.2 millones de personas que no se hubiesen reinscrito al ciclo escolar 2020-2021. De ellos, “tres millones pertenecían a educación básica y, de esos 3 millones, 1.3 abandonó la escuela a causa de COVID-19 y 1.6 por falta de recursos económicos”; magnitud que les generaría un compromiso extraordinario y constituirían la población escolar objetivo.

Los suscriptores de pacto prometerían el oro y el moro; y, aunque estuviesen ausentes Gracia, comprometerían la participación de madres, padres de familia y de instituciones de otros ámbitos de gobierno sobre los que no tendrían mando. Respaldarían la “construcción del nuevo marco curricular para la Educación Básica; Media Superior, y para las Escuelas Normales y formadoras de docentes”. Anunciarían de manera genérica, la instrumentación del programa piloto para la aplicación de la nueva propuesta pedagógica en algunas escuelas de primaria y secundaria. Adicionalmente y aunque la CONAEDU sea en la práctica solo un órgano asesor, acordarían “la instalación del Grupo de Coordinación y Seguimiento para la Convocatoria Nacional “Vamos todas y todos por la educación”, mediante el que darían seguimiento a la reinserción ya mencionada.

 La declaratoria Puebla, redundante con el ejercicio de actividades que se derivarían de las políticas públicas anunciadas en el transcurso de los tres años y cacho de la actual administración, permitirían diferir con cierta elegancia, proyectos que darían sustento a la nueva propuesta pedagógica y que, si el tiempo y la buena de dios lo permiten, iniciaría a finales del mes de agosto del año próximo, una vez iniciado el ciclo escolar 2023-2024. Mientras tanto, jalón de orejas a las y los titulares de educación de las entidades que se saltaron las trancas.

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Maestros Por: Gustavo Santin Nieto 

2 semanas ago ·

Maestros Por: Gustavo Santin Nieto 

Por: Gustavo Santin Nieto 

Al buen entendedor pocas palabras, Gracia. Las maestras y maestros deberían sentarse “a ver pasar el tiempo” si quisieran promoverse y obtener mejores ingresos; o por lo menos, eso es lo que podrían interpretar quienes leyeran el Boletín no 138 Impulsa Usicamm Programa de promoción horizontal por niveles con incentivos salariales para docentes en Educación Básica. El comunicado que resumiría la postura de las autoridades educativas no dejaría margen a otra interpretación: “Se prioriza la antigüedad para la asignación del incentivo, la cual tiene el puntaje mayor con 35 puntos respecto a los demás elementos a valorar que en su conjunto suman 100 puntos”, y que las y los maestros añejos podrían consultar en la página https://bit.ly/3H3GGfj-al parecer no abre- o en la dirección https://www.facebook.com/USICAMMen la que también, las y los interesados podrían dar lectura al acuerdo que contiene las reglas del “Programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica 2022 (PPHNIEB)”.

No faltaría quien al hacer el comparativo del puntaje por rubros en esta convocatoria, reflexionara y llegara a la conclusión -en consonancia con su postura ante la vida- que no valdría la pena estudiar, si con sentarse en un salón de clases o con lograr una comisión -de cualquier naturaleza y regresando a su función original- con el tiempo se obtendrían hasta 35 puntos cada 4 años; en contraposición de los 10 puntos que se otorgarían por demostrar que se estudió una maestría y que se cuenta con el grado académico y su correspondiente cédula profesional, o 15 puntos por realizar estudios de doctorado y contar, de manera física con el correspondiente grado de doctora o de doctor acompañada de la patente de ejercicio profesional.

Sin embargo, la autoridad educativa estaría apegándose a lo que se establecería en la sección tercera De la promoción en el servicio en educación básica y en los capítulos III de los ámbitos de competencia y I De los objetivos del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, del título segundo Del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros; lo mismo que del transitorio décimo cuarto de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. La Fracción XXIII del Capítulo III establecería que el PPHNIEB señalaría que las autoridades educativas federales fijarían –palabras más, palabras menos- las reglas de operación y que, de manera discrecional, se llevaría “a cabo mediante un programa integrado por niveles de estímulo y con reglas de incorporación, promoción y permanencia diferenciadas en cada uno de ellos”, como reza en el Artículo 44 de la sección tercera ya mencionada.

El boletín de referencia destacaría algunos rubros que las y los interesados deberían tener en consideración, entre ellos: la convocatoria por estado se publicaría el día de mañana (martes 21 de junio); alcanzaría, dependiendo de las condiciones del interesado, entre un 35 y un 41% del sueldo base que podría incrementarse “cada cuatro años”; como ya se mencionara se priorizaría la antigüedad; “se asigna un incentivo mayor a maestros de zonas de alta pobreza y marginación”, aliciente que podría incrementarse hasta en un 6% más al del resto de las y los mortales -del magisterio- citadinos; la convocatoria habría sido elaborada entre las autoridades educativas locales y de USICAMM por lo que todas serían diferentes; quienes no contarán con ningún incentivo obtendrían de gratis, 5 puntos de ventaja al iniciar su participación en el proceso; las y los docentes inscritos en carrera magisterial conservarían “el incremento salarial aludido”; la convocatoria contemplaría la participación de las y los maestros de educación especial; se otorgarían “incentivos económicos superiores al personal adscrito […]” a escuelas ubicadas en “zonas de alta pobreza o de marginación” y que no se ubiquen en entornos urbanos que comparten esas características.

El Artículo 6 de la convocatoria definiría a “la promoción horizontal” como un incentivo que premiaría la “vocación de servicio, […] la dedicación, […] y el compromiso en su profesionalización”; estímulo que se obtendría con algunos asegunes que se precisarían en el segundo párrafo y en el anexo XX de la convocatoria; entre ellos, destacaría el engaño en el que podrían caer quienes cobrasen alguna remuneración derivada de la participación en algún otro proceso de promoción, maestras y maestros que “incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establece la normatividad correspondiente” y, como reza el adagio Gracia, sobre aviso no hay engaño, excepto por “los estímulos otorgados bajo las reglas del Programa de Carrera Magisterial y del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica, conforme a lo establecido en esta Ley” (Artículo 44 LGSCMM).

El silabario moral, anexo XX del proceso de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica 2022, suscrito por las y los interesados les obligaría, y bajo promesa de decir verdad, a “respetar los términos de la convocatoria” lo mismo que los resultados que presuntamente se publicarían en fecha por definir; a declarar que cuentan con dos años de antigüedad como mínimo en la función para la que fuese contratada o contratado -docente frente a grupo- y en el centro de trabajo en el que tiene su adscripción, -sin estar comisionado o contar con un cambio de centro de trabajo no regularizado- a falta de una base de datos confiable que pudiese ser consultada por la burocracia implicada; que tampoco estuviese inhabilitado o impedido jurídicamente y a permitir -no objetar- la validación de la documentación presentada y en caso de que fuese falsa y fuese detectado, no hacerla de tos.

Resaltaría de sobre manera que las y los participantes aceptarían “que la asignación del incentivo estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal con la que cuente la autoridad educativa de la entidad federativa”. No sabría explicarte Gracia por ser neófito en política, pero el programa tiene un tufo electoral que podría olerse a un año de las elecciones del Estado de México, pero valdría la pena utilizar el refrán original “al buen entendedor, pocas palabras”.

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Llegamos Tarde por Gustavo Santin Nieto

2 semanas ago ·

Llegamos Tarde por Gustavo Santin Nieto

Los boletines SEP no 127 Modelo curricular entrará en vigor en el ciclo escolar 2023-2024: Delfina Gómez Álvarez, y SEP no 132 habrá programa piloto para que docentes conozcan el nuevo marco curricular, publicados los días 2 y 6 de junio del mes en curso respectivamente, pretenderían clarificar las tareas pendientes para que la administración en turno, cumpliendo así con la norma aprobada en el Título Segundo De la nueva escuela mexicana, Capítulo I De la función de la nueva escuela mexicana, Artículo 11 y subsecuentes de la Ley General de Educación, publicada el 30 de septiembre del 2019.

Sin embargo, quienes elaborarían la iniciativa y quienes la aprobarían -casi sobre las rodillas- darían por sentado que “al ponerle Juan al niño”, todas y todos -incluidas trabajadoras y trabajadores de la educación- identificarían que la escuela a la que asistirían sus hijas e hijos y/o en la que prestarían sus servicios profesionales se conocería en adelante como La Nueva Escuela Mexicana (NEM), aún sin modificar lo que hasta ahora se enseña y la manera en la “que transmiten el conocimiento”.

En el Artículo 11 ya citado se establecerían los propósitos que el Estado pretendería alcanzar por intermedio de NEM: “la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación”. Precisaría los objetivos, entre los que se encontrarían “el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad”. En los incisos I al V del Artículo 12 se destacarían las características con los que el proceso educativo, tendría que contribuir al “desarrollo humano integral”; entre ellos: “contribuir a la formación del pensamiento crítico, y de la misma manera a la articulación de las diferentes ramas del conocimiento “como factores del bienestar social”, gozne que fortalecería “el tejido social” que ejercería una función de contraloría que protegería al mismo tiempo a la naturaleza y fomentaría una justa distribución del “ingreso”; combatiría “la discriminación y la violencia enfatizando la acción en “mujeres y niños” al tiempo que favorecería la construcción de relaciones humanas basadas en el respeto a los derechos humanos. El Artículo 17 establecería que la “orientación integral” de la NEM, “comprende la formación para la vida de los educandos [mediante] los contenidos de planes y programas de estudio”, mandato que concretaría y aplicaría, de acuerdo a los boletines, en el ciclo escolar 2022-2023 como un programa piloto y de manera genérica en el subsecuente ciclo 2023-2024.
En Artículo 18 establecería que las siguientes consideraciones: “el pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica; la comprensión lectora, la expresión oral y escrita” y su interrelación con las “diferentes disciplinas […] el conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas informáticos, y de comunicación; el conocimiento científico […] el pensamiento filosófico […] las habilidades socioemocionales”; la resilencia; el pensamiento creativo; el respeto y “trabajo en equipo”; el pensamiento crítico; el crecimiento personal de las y los educandos; la activación física “vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad”; y
valores de diferente naturaleza, serían parte de la formación integral de las y los “aprendientes”.

Los comunicados, Gracia, precisarían cuestiones de logística y algunos de los alcances que las comunidades escolares deberían considerar; entre ellos, dos que ya se habrían mencionado: “el plan y los programas de estudio para la educación básica” se pondrían en marcha a tan solo dos meses de que concluya la actual administración y su futuro dependería del compromiso que adopte la “corcholata” electa para el sexenio 24-30. En el transcurso del ciclo escolar 2022-2023 concluiría la construcción de plan, los programas “y los procesos de capacitación y formación continua” que requiere la puesta en marcha de la nueva propuesta pedagógica, aunque el léxico para explicitarlo -utilizado corrientemente-, retome elementos de las reformas precedentes (Calderón y Peña Nieto) de tal suerte que la CNTE se refiera a la actual política educativa como “más de lo mismo”. El plan y los programas de estudio conservarían su patente de ejercicio nacional – “bien público de interés general” aunque se retomarían en consideración contenidos regionales. En el próximo ciclo escolar -cuyo calendario ha sido repudiado por maestras y maestros- algunas escuelas de diversas entidades, servirán de conejillos de india para experimentar con la nueva propuesta pedagógica; misma que sería discutida escuela por escuela, “para que una vez mejorada la propuesta se aplique en la práctica”.

Destacaría la declaratoria que permitiría especular -ojalá se reflejara en el presupuesto- que la política educativa que impulsaría el gobierno buscaría atender a los sectores más vulnerables y la permanencia de los grados escolares, aunque se mezcle el chile con el dulce, a tal grado que la subsecretaría de básica declare que “su agrupación en fases obedece a una organización pedagógica para profundizar los contenidos y favorecer su aprendizaje”; asignaturas que según su decir, se integrarían nuevamente en “campos formativos y los ejes articuladores orientarán los objetos de estudio en todo el trayecto escolar, que va desde educación inicial, preescolar, primaria y hasta secundaria”. Al margen de los dislates de Max Arriaga, valdría la pena recordar que, para los meses de junio o julio del 2023, deberían estar publicados los nuevos libros de texto gratuito, auxiliares didácticos que en su momento se analizarían y se iniciaría con la formación de las supermaestras y de los supermaestros que se requieren para aplicarla, no obstante, el nuevo plan y los programas llegan tarde.

 

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