Jalón de orejas

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Jalón de orejas

Delfina Gómez Álvarez, titular de la oficina educativa de la actual administración y presidenta del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, habría dado un “jalón de orejas” a 14 de sus homólogas y homólogos locales, quienes presuntamente y por diversas causas, anticiparían la conclusión del ciclo escolar 2021-2022; hito que se plasmaría en el Boletín SEP no 149 Exhorta titular de la SEP a cumplir en tiempo y forma con el calendario escolar, aprobado previamente Gracia. No obstante, alumnas, alumnos, madres, padres de familia, maestras, maestros lo mismo que del resto de las y los trabajadores de la educación, externarían su desacuerdo con una medida tomada por la alta burocracia educativa, que tan solo por equivocación -alguna gira- pisarían las aulas y más, cuando el cumplimiento del calendario establecido vendría acompañado de algunas decisiones tomadas por las propias autoridades federales que boicotearían la medida: a) todos pasan y b) queda sin efecto el porcentaje de asistencia para tener derecho a calificaciones finales, lo mismo que a las becas estipuladas, c) sería 6 la calificación mínima que se asentaría en la boletas.

Las escuelas mostrarían su cara de guarderías Gracia. Niñas y niños enterados del empoderamiento que por tercer año consecutivo les brindaría la más alta burocracia morada, disminuirían su interés para asistir a la escuela, y más cuando sabrían que por instrucción de la autoridad educativa federal, su pase al grado superior estaría garantizado. No obstante, al desinterés escolar provocado que muchas comunidades escolares compartirían Gracia, maestras y maestros serían destinatarios de una instrucción que sería difundida por un gran número de medios formales e informales, nacionales y locales, lo mismo que por el Boletín SEP no 149 Exhorta titular de la SEP a cumplir en tiempo y forma el cierre de ciclo escolar, y que haría eco del reproche que Delfina Gómez haría a sus pares en las entidades.

Delfina expondría sus razones en la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) realizada en la ciudad de Puebla entre los días 23 y 25 de junio; no dejaría ninguna duda, “si bien” y dado el caso instruiría a sus pares, que tras un diálogo que sostuviesen con las y los progenitores, respetaran la decisión de madres y padres de familia que tuviesen miedo” y suspendieran clase de manera anticipada. Aludiría tanto al derecho que asistiría a niñas y niños para estar “en el lugar más seguro”, como al fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, producto de la interacción entre el personal docente y el alumnado. Al tiempo, señalaría “que sería un sinsentido actuar de manera contraria” tras lograr el regreso a clases presenciales; cuestión por la que conminaría a las y las 14 autoridades locales disidentes para que antes de irse por la libre, consultasen con la autoridad central entreverando, que la determinación de la duración del calendario escolar, correspondería normativamente -competencias, facultades y atribuciones- a la Secretaría de Educación Pública Federal.

Previo al “jalón de orejas” Gracia, las y los integrantes de la CONAEDU firmarían la Declaración de Puebla (Boletín SEP no 147 Convocatoria Nacional “Vamos todas y todos por la educación” para la reinserción escolar y recuperación de aprendizajes). Llamada a misa que suscribirían las 33 cabezas del sector educativo nacional, incluida la titular de la oficina educativa de la administración federal y que, presuntamente, tendría “como premisa identificar estudiantes intermitentes y/o que no asisten a clases, para que regresen a la brevedad a los planteles de Educación Básica y Media Superior de todo el país” y que, de acuerdo al Comunicado de prensa número 185/21 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del 23 de marzo del 2021 y a un año del inicio de la pandemia, habría ocasionado que 5.2 millones de personas que no se hubiesen reinscrito al ciclo escolar 2020-2021. De ellos, “tres millones pertenecían a educación básica y, de esos 3 millones, 1.3 abandonó la escuela a causa de COVID-19 y 1.6 por falta de recursos económicos”; magnitud que les generaría un compromiso extraordinario y constituirían la población escolar objetivo.

Los suscriptores de pacto prometerían el oro y el moro; y, aunque estuviesen ausentes Gracia, comprometerían la participación de madres, padres de familia y de instituciones de otros ámbitos de gobierno sobre los que no tendrían mando. Respaldarían la “construcción del nuevo marco curricular para la Educación Básica; Media Superior, y para las Escuelas Normales y formadoras de docentes”. Anunciarían de manera genérica, la instrumentación del programa piloto para la aplicación de la nueva propuesta pedagógica en algunas escuelas de primaria y secundaria. Adicionalmente y aunque la CONAEDU sea en la práctica solo un órgano asesor, acordarían “la instalación del Grupo de Coordinación y Seguimiento para la Convocatoria Nacional “Vamos todas y todos por la educación”, mediante el que darían seguimiento a la reinserción ya mencionada.

 La declaratoria Puebla, redundante con el ejercicio de actividades que se derivarían de las políticas públicas anunciadas en el transcurso de los tres años y cacho de la actual administración, permitirían diferir con cierta elegancia, proyectos que darían sustento a la nueva propuesta pedagógica y que, si el tiempo y la buena de dios lo permiten, iniciaría a finales del mes de agosto del año próximo, una vez iniciado el ciclo escolar 2023-2024. Mientras tanto, jalón de orejas a las y los titulares de educación de las entidades que se saltaron las trancas.

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